Denuncian ante la Fiscalía al superintendene de Salud, Fabio Aristizábal
La Red de Veedurías reveló en el Congreso que instauró esta acción judicial por el desacato de algunas órdenes judiciales.
Las decisiones que ha venido tomando la Superintendencia de Salud en contra de varias EPS y entidades de salud por irregularidades en la prestación del servicio, continúan generando polémica en el país.
El superintendente Fabio Aristizábal ha sido entutelado por estas determinaciones y en algunos casos se ha ordenado el arresto del funcionario y el pago de multas. Sin embargo, Aristizábal ha sido enfático en que no acatará estos fallos porque ha habido artimañas legales para favorecer estas instituciones, como es el caso de la sentencia proferida un magistrado de Barranquilla, que ordenó revivir la EPS del Chocó Ambuq.
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Ante esto, la Red de Veedurías Ciudadanas, en cabeza de Pablo Bustos, dijo en el Congreso que decidió interponer denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría en contra del superintendente.
“Denunciamos formalmente al superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, por su favorecimiento recurrente al 'cartel de traslados' de afiliados en Supersalud, que fuera confesado por Eva Carrascal ante la Fiscalía General de la Nación y por lo cual fue condenada tras señalar que inclusive, protegidos por el superintendente actual, se mantienen en esos cargos decisorios que han llevado al traslado de cerca de 760.000 pacientes y recursos mensuales por más de 60.000 millones de pesos cada mes”, indicó.
Según el jurista, estos desacatos están ocurriendo desde el año pasado. “Esto viene ocurriendo desde enero del 2020 cuando se produjeron las primeras decisiones en contra de la Superintendencia, dos por dos tribunales distintas, la segunda de ellas en septiembre pasado”, indicó.
Y añadió: “Esto le costará al erario público millonarias indemnizaciones por cuenta de los propios recursos de salud. Ante esto, solicitamos a la Procuraduría y Fiscalía que actúen de manera inmediata”.
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Bustos señaló que en un estado social de derecho se deben acatar las órdenes que dan los jueces y más cuando se trata de decisiones encaminadas a garantizar el derecho a la salud de los pacientes colombianos.
Esta es la denuncia penal:
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