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La red, conformada por exintegrantes de la Fuerza Pública, realizaba interceptaciones ilegales a políticos, empresarios y periodistas.

Capturan a ex oficiales del Ejército que serían integrantes de una red de interceptaciones ilegales
Los detenidos accedían de manera ilegal a comunicaciones de políticos, empresas e integrantes de la fuerza pública
Foto suministrada por la Fiscalía

Una organización que ofrecía servicios para hacer seguimientos a personas naturales y obtener información para investigar casos que van desde infidelidad hasta datos reservados del Estado es la que, según la Fiscalía, fue desmantelada en las últimas horas tras allanamientos en Ipiales, Cali y Bogotá.

"En realidad funcionaba como una empresa criminal y era un servicio a interesados podía ser  un particular obteniendo información de su pareja o podía ser personas vinculadas a cargos públicos que buscarían tener información de interés nacional sometidos a reserva", destacó Juan David Bazzani, asesor del fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

Uno de los allanamientos se adelantó en la sede de la empresa 'A & G Seguridad' que figura a nombre del general en retiro Humberto Guatibonza, ex comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

"Los allanamientos se adelantaron para determinar si desde donde aparece el nombre de esa empresa habrían hecho interceptaciones o no", agregó Bazzani.

Computadores y equipos de comunicaciones digitales hacen parte de las incautaciones realizadas por la Fiscalía para ser analizadas por expertos en el desarrollo de la investigación. 

En las próximas horas, la Fiscalía General le imputará cargos a los militares en retiro Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga Cubillos, al igual que de la exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información, María Alicia Pinzón Montenegro.

Estas personas, según la Fiscalía General harían parte de una sofisticada red que se dedicada a realizar interceptaciones ilegales de comunicación a dirigentes políticos del Valle del Cauca, empresarios y periodistas. Por cada acción cobraban una suma cercana a los tres millones de pesos. 

Deberán responder por los delitos concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado. De ser hallados culpables podrían pagar una condena cercana a los 12 años de prisión. 

Debido a la gravedad de los hechos y a la posibilidad de ocultar y destruir pruebas, la Fiscalía le solicitará al juez de control de garantías que lo cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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