Despenalización del aborto en la Corte Constitucional entra en su recta final

Los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos ya trabajan en el escrito de una ponencia para entregar a los demás magistrados de la Corte Constitucional, las demandas que buscan la despenalización total del aborto.

El tiempo de 30 días hábiles para entregar esos escritos se reactivó, después de haber estado suspendido por un poco más de ocho meses a raíz de unas recusaciones contra los nueve magistrados de ese tribunal y las nulidades en el caso.

Las recusaciones se negaron. Una de ellas la interpuso la ciudadana Vilma Graciela Martínez, por una supuesta “presunción de ausencia de imparcialidad”, tras señalar que la Corte estaba financiada en proyectos como ‘prometea’ por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que “apoyan abiertamente la despenalización del aborto”.

El despacho del magistrado Lizarazo rechazó esa recusación por improcedente y el despacho del magistrado Rojas también la rechazó por extemporánea.

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Ese tribunal también rechazó una petición de nulidad en los procesos que presentó el ciudadano Harold Sua Montaña, tras considerarlo improcedente.

Cabe mencionar que hay dos demandas en juego que buscan despenalizar el aborto. Ambas piden eliminar el artículo 122 del Código Penal que impone cárcel a la mujer que se cause un aborto y a quién lo haga por fuera de las tres causales despenalizadas desde el 2006.

La que está en el despacho del magistrado Lizarazo la interpuso la organización Causa Justa. En la demanda se presentaron seis cargos de la violación de la Constitución: la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con relación a los derechos de vida digna, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, información, salud, y educación.

“El derecho a la salud en relación con el derecho a la igualdad; el derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación migratoria irregular; el derecho a la libertad de profesión y oficio del personal de la salud; el derecho a la libertad de conciencia y el principio del Estado laico; y los diversos estándares constitucionales mínimos del uso del derecho penal y de la política criminal”, plantea uno de los apartes de esa demanda.

La demanda que estudia el despacho del magistrado Rojas, la interpuso el ciudadano Andrés Mateo Sánchez, quien considera que la penalización del aborto debe “ser excluida del sistema jurídico, toda vez que desconoce la dignidad humana, el respeto por los derechos de la mujer, el libre desarrollo de la personalidad, la inalienabilidad de los derechos de la persona, el derecho de acceso a la salud, la primacía de los tratados que reconocen derechos humanos y el no desconocimiento de derechos inalienables de la persona”.