Detalles del fallo de la Procuraduría sobre el caso de 'la comunidad del anillo'

Se siguen conociendo detalles del fallo de la Procuraduría General de la Nación, que archivó tres casos que se adelantaban contra el general (r) de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, entre ellos, el escándalo de prostitución masculina al interior de la escuela de cadetes General Santander de esa institución, denominado 'la comunidad del anillo'.

Cabe mencionar que el oficial fue investigado disciplinariamente por esa supuesta red de tráfico sexual. Sin embargo, después de cinco años la Procuraduría concluyó que no se pudo establecer la existencia de esa supuesta red y tampoco que el entonces general hiciera parte de ella.

El fallo disciplinario que absuelve al general por esos hechos, destaca que ninguno de los testigos lo señaló de haber “creado, operado o participado” en dicha red y que para esa época, el general se encontraba ejerciendo funciones en lugares distintos a la Escuela de Cadetes General Santander.

El fallo dice por ejemplo que entre 1998 y 1999, Palomino se desempeñaba como comandante del Departamento de Policía Sucre, mientras que durante los años 2004 a 2006, desempeñó funciones en el departamento de policía de Caldas y en la Embajada de México. 

Entre 2008 y 2009, cuando supuestamente ocurrido el acoso al capitán Yair Palacios, el general Palomino se desempeñaba como director de Tránsito y Transporte en Bogotá, pero ese caso ya prescribió.

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Otro testigo en ese proceso dijo que no declaraba sobre la supuesta ‘comunidad del anillo’, porque desconocía su existencia y también desconocía la supuesta participación del general en ella.

En el fallo también se concluyó que entre 2004 y 2006, “el entonces coronel Jerson Castellanos presuntamente desplegó conductas de acoso sexual sobre cadetes”, y agregó que los hechos de acoso sexual denunciados a finales del año 2014 por cadetes mujeres, “solo señalan como presunto responsable al entonces capitán Jorge Moreno”. 

Sin embargo, RCN Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación no pidió investigaciones contra esos oficiales.

Enriquecimiento ilícito y seguimientos a periodistas

La Procuraduría también evalúo denuncias contra el general Rodolfo Palomino, porque supuestamente “adquirió tres lotes por valores inferiores a los reales”, uno en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) por un valor de $39.700.000 que después se vendió al coronel Jerson Castellanos y otro en el municipio de Sopo por $200.000.000.

Frente a ese proceso, la Procuraduría no pudo continuar con la investigación porque el caso prescribió.

“Resulta que desde este último año (2009), época en que regía la Ley 734 de 2002 hasta cuando se dio inicio a la presente investigación (auto del 16 de febrero de 2016), ya habían transcurrido más de los cinco años previstos para ejercitar la acción disciplinaria”, destaca uno de los apartes del fallo.

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Sobre la denuncia de los supuestos seguimientos a la periodista Vicky Dávila y su equipo de trabajo entre el 2014 y 2015, la Procuraduría concluyó que sí se “ejecutaron acciones encaminadas a obtener información de la periodista”, pero no se comprobó que Palomino tuviera participación.

El fallo señaló que “posiblemente la vía por medio de la cual pudo haberse obtenido información de la vida de la periodista”, fue a través del “Sistema para Análisis y Localización de Señales TMC-IDEN (traffic message Channel), adquirido por la DIPOL en el año 2011”.

El fallo advirtió que no se encontraron pruebas suficientes para comprobar esa situación.

“El único indicio que relaciona a los entonces oficiales Carlos Vargas y Wilson Carvajal con las conductas de interceptaciones ilegales, es el hecho de estar adscritos a la DIPOL, en donde ejercían funciones de dirección en un área de inteligencia y tenían bajo su control un sistema posiblemente capaz de interceptar comunicaciones. Por lo demás, no existen elementos que demuestren que hubieran desarrollado actividades tendientes a obtener información de manera ilícita”, establece otro de los apartes del fallo.

La decisión agrega que “si bien se observan varias evidencias de que probablemente se adelantaron actividades encaminadas a obtener información de la vida de la periodista Victoria Dávila, la instrucción adelantada no logró probar que hayan sido desarrolladas por miembros de la Dirección de Inteligencia Policial”.