Disidencias de grupos armados no tendrán estatus político, advierte el Gobierno

El ministro de Justicia, Enrique Gil, explicó los principales aspectos del proyecto de ley que el Gobierno presentó ante el Senado para el sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados.

En diálogo con RCN Radio, Gil Botero explicó en el proyecto no se fijó una jurisdicción especial ni la posibilidad para que se conviertan en un grupo político después del sometimiento a las autoridades.

"Este proyecto también mantiene todo el peso de la ley (…) lo que ésta buscando es precisamente garantizar la terminación del actuar delictivo de organizaciones criminales a través de dos estrategias", precisó.

De esa manera, se explican dos aspectos importantes que contempla la iniciativa parlamentaria, en busca de sacar a las estructuras armadas y criminales de los hechos de violencia que protagonizan en diferentes regiones del país.

Los principales puntos del proyecto

1. Fortalecer el sistema específico de normas, de mecanismos procesales y de investigación, que les permita a los jueces, a los fiscales, y a los servidores de la policía, enfrentar de manera oportuna y eficaz y efectiva a los grupos delictivos organizados".

2. Definir un procedimiento especial para sumisión a la justicia de estos grupos armados sin que en ningún momento signifique esto algún reconocimiento político, o la aplicación de mecanismos de justicia transicional. Éste es un canal para que estas bandas puedan someterse porque recordemos una experiencia del pasado. El Erpac, se sometieron 300 personas y el Estado en ese momento los tuvo de dejar en libertad porque no tenía los instrumentos, ni los mecanismos para un sometimiento colectivo".

Para lograr esto el proyecto estima una normativa de sometimiento colectivo a cambio de una serie de requisitos que los integrantes de estos grupos criminales deben cumplir, para acceder únicamente a beneficios penales.

"Queremos diseñar toda una estructura de orden procedimental, de orden judicial y de orden normativo que permita judicializar, condenar, y sancionar efectivamente a esos grupos o a esas bandas criminales. El beneficio judicial es el que se otorga a cualquier delincuente en el código penal, que se entregue a la justicia, confiese, entregue los bienes, y se allane, allí tiene una rebaja hasta del 50% en la condena", aclaró.

El Gobierno espera que las estructuras criminales entreguen todo lo relacionado con bienes adquiridos durante su actuar delincuencial.

"Aquí sería lo mismo, tendrían que entregar rutas, bienes, denunciar testaferros, entregar menores en combate, entregar sus fortunas, tendrían que hacer una confesión total, y eso permitiría hacer esa rebaja que también opera en materia ordinaria o penal para los delincuentes que se entregan, confiesan y reparan a las víctimas”, aclaró el Ministro.