Ejército rechaza conducta de oficiales vinculados en escándalo de 'chuzadas'

El Ejército Nacional rechazó el comportamiento y la conducta de oficiales (r) vinculados a una una presunta red de interceptaciones ilegales, desmantelada en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación. 

En un comunicado, aseguró que los oficiales retirados de la Fuerza y relacionados en la investigación, son el teniente coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, retirado el 21 de marzo de 2017; mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos, retirado el 3 de octubre del 2016 y el teniente coronel Jorge Humberto Salinas Muñoz, retirado por voluntad propia en el año 2014.

“Este Comando rechaza de manera categórica todo tipo de conductas y acciones contrarias a lo preceptuado en la Constitución Política y la Ley, por parte de cualquier miembro de la Institución, así tenga condición de retirado como en este caso”, señala en la misiva.

La Fiscalía desmanteló en las últimas horas una organización que ofrecía servicios para hacer seguimientos a personas naturales y obtener información para investigar casos que van desde infidelidad hasta datos reservados del Estado.

El resultado se logró tras varios allanamientos adelantados por las autoridades en Ipiales, Cali y Bogotá.

Uno de los allanamientos se adelantó en la sede de la empresa 'A & G Seguridad' que figura a nombre del general (r) Humberto Guatibonza, ex comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. 

La Fiscalía General le imputa cargos a los militares en retiro vinculados, así como a la exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información (TIC), María Alicia Pinzón Montenegro.

El Comando del Ejército recalcó que “en cumplimiento de las políticas de transparencia, condena estos hechos y reitera que no tolerará ninguna situación fuera de la ley, en la que se encuentre vinculado alguno de sus integrantes, siendo implacable en la materialización de todas las acciones judiciales a las que haya lugar”. 

El Ejército Nacional aseguró que suministrará toda la información requerida para apoyar a la Fiscalía General de la Nación en este hecho.

Según la Fiscalía General, los detenidos harían parte de una sofisticada red que se dedicada a realizar interceptaciones ilegales de comunicación a dirigentes políticos del Valle del Cauca, empresarios y periodistas. Por cada acción cobraban una suma cercana a los tres millones de pesos.