Cargando contenido

La Procuraduría señala a un brigadier y un coronel de cobrar el ingreso a sedes castrenses en Villavicencio.

Tropas del ejército
Foto de referencia
Foto cortesía Ejército

La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario al coronel Ariel Fernando Durán y al brigadier general Jairo Alejandro Fuentes por hechos de corrupción relacionados con supuestas exigencias de dinero a los militares para ingresar a sus sedes de trabajo. 

Se trata de un nuevo escándalo de corrupción que se destapa al interior del Ejército Nacional. Los hechos habrían ocurrido en la Séptima Brigada del Ejército, con sede en Villavicencio, en el 2017. Al parecer se cobraba para ingresar a cantón de Apiay donde está ubicada la sede del Hospital Militar de Villavicencio, o al de El Recreo.

Le puede interesar: Testigo asegura que militar confesó haber asesinado al exguerrillero Dimar Torres

Lo que dice la Procuraduría General de la Nación es que los oficiales cobraban $30 mil pesos al personal militar y civil por la entrega del fichero o una tarjeta inteligente que les permitiera el ingreso a las sedes. 

En los hechos también esta implicado el representante legal de la firma Advantage Microsystems Colombia Ltda, Pablo Emilio Páez Beltrán, porque supuestamente era la empresa que entregaba las tarjetas de ingreso.

Los oficiales deberán responder por ese incremento a favor de la empresa privada, por no denunciar las quejas de las personas que averiguaron sobre esos ficheros, y por el contrato que se firmó con esa entidad, “para el suministro, a título oneroso, de las tarjetas o ficheros de control de ingreso a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército”.

Además puede leer. ELN envía prueba de vida de la suboficial del Ejército secuestrada

La Procuraduría afirma que se violaron los principios de transparencia y economía que regulan la contratación estatal.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó al comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, “suspender las órdenes, actos administrativos o contratos irregularmente celebrados que avalen el cobro por las tarjetas de control de ingreso”. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido