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El Tribunal hizo un llamado de atención por la falta de acciones en contra de los financiadores de las AUC.

PARAMILITARISMO
Paramilitares del Bloque Norte, comandados por 'Jorge 40', atacaron a la población de El Salado acusando a sus pobladores de tener nexos con las Farc.
Colprensa

En un fallo de 1758 páginas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla ordenó la compulsa de copias para investigar a nueve empresarios del departamento del Atlántico que habrían apoyado económicamente a los grupos paramilitares para lograr su expansión y consolidación de modelo político en esa región del país.

La Sala manifiesta que evidentemente existió un apoyo a esta estructura armada ilegal para que obtuviera armamento y sumara a sus filas más y más hombres en Atlántico, reseñando que este apoyo incluía incluso el pago de la nómina de los paramilitares y la promoción de sus actividades delincuenciales que aterrorizaron a la comunidad.

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En el análisis jurídico se reseña que los promotores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tienen una responsabilidad casi igual a la de los excomandantes paramilitares, puesto que financiaron la continuación de la guerra y los ataques contra la población civil que terminaron en desplazamientos forzosos y el abandono de todo lo construido.

“Si bien los actos atroces, la violencia jamás imaginada, los procedimientos desdicen de la raza humana fueron cometidos y deben ser imputables de manera principal a los integrantes de las AUC, lo cierto es que algunas veces, más de las que quisieran aceptarse, ese accionar estuvo instigado, fue patrocinado, fue permitido por acción o por omisión, fue ayudado por integrantes de los diversos estamentos de nuestra sociedad”, precisa el fallo.

En este punto se tuvo en cuenta la declaración de varios excomandantes de las AUC que se desmovilizaron y sometieron a la ley de Justicia y Paz cuando señalaron a los empresarios de financiar a las estructuras paramilitares y apoyarlos con la obtención de armamento.

“La delincuencia no hubiese logrado sus metas, o cuando menos no con los sanguinarios y devastadores resultados de que da cuenta lo allegado en el juicio, de no haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o producto de la simpatía, de integrantes del conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos o de los niveles local, municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores, algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”, señala la decisión.  

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En este punto advierte que se deben tomar todas las decisiones de fondo para que estos casos no terminen en la impunidad, puesto que resulta preocupante que no se haya hecho nada en contra de aquellos que utilizando su poder económico fortalecieron a las estructuras paramilitares y permitieron que ejecutaran todo tipo de atrocidades contra la población civil.

Considera que estos empresarios pueden seguir fomentando actividades ilegales desde la clandestinidad puesto que el foco se puso únicamente sobre aquellos que estaban vestidos de camuflado y empuñaron armas.

“Se ha conocido que pueden continuar en la impunidad presuntos criminales, probablemente investidos de legalidad y operando en la sombra de la clandestinidad, bajo la fachada de empresarios exitosos, y por lo tanto, proyectando la continuidad de las logísticas de control económico y territorial de las extintas AUC”, manifiesta uno de los apartes de la resolución.

En este punto se señala que estos empresarios pueden seguir garantizando la protección de sus “economías ilegales” lo que permite la “expansión de la criminalidad organizada que desafortunadamente hoy día siguen actuando en los territorios nacionales generando interminables ciclos de guerra en el país”.

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Debido a esto se compulsaron copias ante la Fiscalía General para que se investigue la presunta participación de Darío Laino Scoppetta, Leónidas Duque Hurtado, Alfonso Macías, Juan Carlos Lobo Silva, José María Ovalle Orozco, Andrés Meza, Jorge Castro, Augusto Castro y Hubert Rodríguez en la financiación del paramilitarismo, la posible apropiación de tierras y las actividades ilícitas desde sus sociedades y propiedades.

En la respectiva compulsa se citan las declaraciones textuales de los exparamilitares que señalaron a estos comerciantes, ganaderos y empresarios del Atlántico de haberlos financiado durante décadas, ayudado con la obtención de armas, pago de nóminas para todos los integrantes de las AUC.

Igualmente se hizo un fuerte llamado de atención al hecho que después de 10 años de la desmovilización no se tomaran decisiones de fondo en contra de los financiadores de este grupo armado ilegal, situación que abre la puerta a una impunidad en estos casos.

Este pronunciamiento se hizo en la condena de 40 años de prisión contra los integrantes del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC por hechos relacionados con el homicidio, exacción o contribuciones arbitrarias, desaparición forzada y desplazamiento forzado por las acciones ejecutadas por este grupo armado ilegal en el norte del país.

Fuente

RCN Radio

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