El dossier de 'El Paisa', con el que la JEP podría expulsarlo
Un informe de la Procuraduría que contiene reservas de la Fiscalía y Mindefensa, dice que serían 41 investigaciones en su contra.
En el fallo de la Procuraduría General de la Nación que solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la expulsión del exjefe guerrillero Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, se encuentran los conceptos que entregó el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación sobre los procesos que demostrarían que el exjefe guerrillero cometió delitos después de la firma del acuerdo de paz.
La Fiscalía General señaló que actualmente se adelantan 41 investigaciones por diversos delitos que al parecer se habrían cometido después de 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.
Según el reporte de la Fiscalía, de esas 41 investigaciones “30 se encuentran activas en etapa de indagación”, contra contra Antonio Rodríguez, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Luis Alberto García, Luis Alberto Gaira García, Oscar Blanco, Óscar Montejo Romero y Óscar Montero.
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Los delitos se relacionan con estafa, lesiones, injuria, calumnia, desplazamiento forzado, secuestro y concierto para delinquir, entre otros.
El mayor Carlos Alfonso Plazas Carrascal, jefe del grupo investigativo de delitos contra la seguridad pública del Ministerio de Defensa, informó que contra alias ‘El Paisa’ se tiene conocimiento de una investigación por el presunto delito de desplazamiento forzado.
El Ministerio de Defensa señaló que en dicha investigación se mencionan unos hechos de amenazas en contra del general Mauricio Enrique Forero, exdirector de inteligencia del Ejército Nacional, quien está relacionado con el desarrollo de la operación Odiseo, en la que murió Alfonso Cano.
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También se advirtió que alias 'el paisa' estaría buscando ordenar el homicidio del Alcalde de San Vicente del Caguán, además de estar implicado en casos de extorsiones y reclutamiento de menores que estarían cometiendo las disidencias de Farc en Curillo, Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá.
El concepto del procurador Carrillo pide que se adelanten todos los trámites para iniciar el proceso de captura, tras asegurar que “constituye una falta grave a la obligación de aportar verdad plena y solicitó que el caso sea trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación para que se ordene su captura y se garantice su presencia en el proceso y la protección de los derechos de las víctimas”.
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