El impedimento del magistrado Rojas tras alertas de posible soborno en selección de tutelas
El togado fue nombrado en la comunicación que alertaba el supuesto soborno.
El magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, y quien termina su período en la corporación en febrero del 2021, presentó un impedimento en la última sala de selección de tutelas del año luego de recibir alertas de un posible soborno en esa sala de selección.
Esa alerta fue publicada en la cuenta de Twitter del periodista Sixto Alfredo Pinto y nombra al magistrado Rojas Ríos, incluso insinúa que iba a cerrar su período en la corporación "con broche de oro".
NUEVO ESCÁNDALO en @CConstitucional. En Córdoba festejan ya la posible selección de Tutela 8509890 a favor de Gob, en la que rumoran, presuntamente hubo dinero por medio. Sala Rojas-Ibáñez la decidirán rápidamente el 15 de diciembre. Mag Rojas cierra con broche de ORO su retiro? pic.twitter.com/maOTTgdgkv
— Sixto Alfredo Pinto (@laotracara_co) December 14, 2021
El expediente en cuestión y por el cual se insinúa el supuesto soborno, es una tutela que enfrenta a la Gobernación de Córdoba con la Superintendencia de Sociedades, por cobros en servicios de salud con la IPS Funtierra Rehabilitación.
En el impedimento, el magistrado Rojas explicó que ese expediente “no ingresó al grupo de casos que se estudiaron para decidir su eventual selección”, porque ni siquiera pasó un análisis preliminar en la Corte y tampoco se presentó alguna insistencia para su selección.
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El pleito entre la Gobernación de Córdoba y la Superintendencia es por un fallo negativo en el que se condena al departamento en costas.
Ese lío inició con un recurso que interpuso la IPS Funtierra contra el departamento, con el cual buscaba "el pago de las facturas de prestación del servicio de salud no POS prestados a niños enfermos.
La IPS Funtierra fue investigada fiscalmente por supuestos sobrecostos en la prestación del servicio de salud a menores de edad del régimen subsidiado, que necesitaban terapias de neurodesarrollo en Córdoba, un caso llamado como ‘el cartel de las terapias’. Finalmente, la IPS fue absuelta de los cargos por la Contraloría.
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