Elevan cargos a exsecretario de Educación de la Alcaldía de Villavicencio

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al secretario de Educación de la Alcaldía de Villavicencio, Meta (2014 - 2015), Ricardo Augusto Martínez Hernández, por presunto manejo irregular de los recursos para pagar los salarios de los docentes del municipio.

El ente de control cuestionó al exsecretario Martínez, por posiblemente incumplir su deber de garantizar el costo real de la nómina de los profesores, y el pago de la misma al 31 de diciembre de 2015.

Al parecer, el entonces encargado del presupuesto habría proyectado la suma de $122.808’690.638 para asumir esta obligación, a pesar de que para esa vigencia se requerían $131.945’518.962, lo cual podría haber generado una desfinanciación de $9.136’838.324, así lo confirmó la Procuraduría. 

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Para el órgano de control, con este supuesto comportamiento omisivo y negligente, el exfuncionario Martínez podría haber generado un grave daño social a los educadores de Villavicencio, quienes no habrían percibido hasta el momento su remuneración para satisfacer sus necesidades básicas.

La Procuraduría Provincial de Villavicencio calificó temporalmente la presunta falta de Martínez Hernández como grave, a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona le imprime a sus actuaciones.

El sujeto disciplinable podrá ejercer su derecho de contradicción y defensa, y si lo desea podrá solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes.

Recordemos que la Procuraduría ya está investigando también algunas irregularidades en el contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Villavicencio y que le fue adjudicado al consorcio Alimentación Infantil Villavicencio 2021, por 6.668 millones de pesos, para que entregara raciones de alimentos a 46.553 estudiantes.

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Esa entidad adelanta un procedimiento en todos los municipios sobre los que tiene jurisdicción la Procuraduría Provincial, empezó a buscar posibles evidencias de hallazgos en la capital del Meta, en medio de la contratación para garantizar la alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio. 

La Procuraduría señaló que el objetivo es evidenciar si existe alguna responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos que adjudicaron el contrato, e irregularidades en la validez de la certificación que debe emitir el Ministerio del Trabajo sobre personas en condición de discapacidad contratada.

La Procuraduría deberá constatar si en la Alcaldía de Villavicencio otorgaron un ponto de más a la empresa ganadora, al parecer con certificado falso del Ministerio del Trabajo.