Embargan bares y otros bienes de red criminal que explotaba sexualmente a extranjeras
Las propiedades afectadas con medidas de embargo ascienden a más de $1.500 millones.
Agentes especiales de la Fiscalía General de la Nación adelantaron operativos de extinción de dominio e impusieron medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión, sobre seis bienes ubicados en Neiva (Huila), que se estableció estuvieron al servicio de una red criminal señalada de explotar sexualmente, con fines comerciales, a jóvenes extranjeras o en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con el reporte de los investigadores de la Fiscalía General, los bienes afectados con fines de extinción del derecho de dominio, están representados en tres inmuebles y tres bares que fueron utilizados por esta organización delincuencial.
Según los fiscales delegados para este caso, se pudo verificar que las víctimas, supuestamente, eran retenidas controladas y vigiladas en estos inmuebles y explotadas sexualmente en los establecimientos de comercio donde presuntamente eran obligadas a tener encuentros íntimos con hombres mayores.
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Los operativos judiciales fueron desplegados, por parte de expertos de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y unidades de la Sijín de la Policía Nacional.
Al parecer, los presuntos integrantes de la organización ilegal contactaban las mujeres, muchas de ellas menores de edad, les hacían falsas ofertas de trabajo como meseras y las convencían de trasladarse a Neiva.
Posteriormente, les quitaban los documentos de identidad y les imponían multas por manutención, hospedaje y otros conceptos, las cuales debían pagar con los dineros obtenidos de las actividades sexuales.
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En atención a la gravedad de los hechos, la Fiscalía imputó cargos a los implicados en este caso como supuestos responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, secuestro y concierto para delinquir.
Los peritos técnicos de la Fiscalía General realizaron el respectivo avalúo de los bienes embargo e indicaron que están valorados en cerca de 1.500 millones de pesos.
Los fiscales delegados pusieron los bienes a disposición de los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su respectiva administración y custodia.
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