Embargan bienes a red que cometió cobros irregulares del IVA por más de $700 mil millones

Agentes especiales de Policía Judicial bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación ocuparon  14 bienes y activos ilícitos con fines de extinción de dominio, que fueron adquiridos por parte de los integrantes de una organización criminal señalada de cometer una millonaria defraudación al Estado.

Los fiscales a cargo del proceso impusieron medidas cautelares e indicaron que entre las propiedades se encuentran diferentes inmuebles y sociedades, de propiedades de los miembros de esta red delincuencial.

De acuerdo con los investigadores, dicha red está señalada de diseñar un modelo ilegal para defraudar al Estado mediante el cobro irregular del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y bajo esa modalidad cometió una defraudación superior a los 700.000 millones de pesos.

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Las propiedades afectadas están ubicadas en los municipios de El Colegio y Apulo (Cundinamarca); Ibagué, Ambalema y San Antonio (Tolima) y Bogotá.

Según se estableció, estos bienes fueron adquiridos con dineros producto de las maniobras ilícitas detectadas por la Fiscalía.

"El material de prueba evidenció que presuntamente fueron constituidas sociedades para simular la prestación de servicios o ventas de materiales de construcción. Estas actividades habrían sido tercerizadas con múltiples empresas y soportadas con facturas falsas, las cuales sirvieron para realizar cobros de IVA y disminuir la base gravable del impuesto de renta", indicó la Fiscalía.

En desarrollo de las investigaciones se estableció que se crearon nueve sociedades de papel entre 2013 y 2019, que reportaron operaciones comerciales con 1.970 personas naturales y jurídicas a nivel nacional.

"Estas razones sociales o empresas, supuestamente sirvieron de pretexto para sustentar el cumplimiento de los servicios o ventas con la expedición de los documentos falsos. Con este entramado criminal se afectó la administración de impuestos en 706.000 millones de pesos", manifestaron los fiscales del caso.

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La valoración técnica realizada por los peritos del CTI determinó que los bienes objeto de embargo ascienden a más de 3.900 millones de pesos.

La Fiscalía puso a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) los bienes ocupados para su respectiva administración y custodia.