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Las víctimas advirtieron que el temor es constante por lo que prácticamente no pueden dormir.

Contraloría inspecciona impacto ambiental en el río Cauca por Hidroituango
Contraloría

Una vez el juez 75 de control de garantías de Bogotá ordenó imponer dos medidas cautelares contra el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango para garantizar los derechos fundamentales de los habitantes y la protección del medio ambiente, los abogados de la defensa presentaron una serie de recursos judiciales que buscan ampliar estas medidas. 

Pese a que el funcionario judicial amparó los derechos a la vida, salud, mínimo vital, medio ambiente, vida digna, salubridad pública, dignidad humana con ocasión al estado de calamidad pública decretado por la Gobernación de Antioquia. 

En contexto: Juez impuso dos medidas cautelares contra Hidroituango

Frente al proyecto se ordenó la participación, conformación y desarrollo de una mesa técnica, integrada por la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría General de la República, Gobernación de Antioquia, los ministerios del Medio Ambiente y de Salud, ANLA, EPM e Hidroituango, con la presencia de las víctimas a través de sus apoderados en un término  deberán instalarla. 

En la misma se deberán realizar todas las acciones pertinentes de índole administrativo y técnico con el fin de obtener un estudio con expertos para analizar la estructura rocosa del lugar donde está ubicado el proyecto hídrico, así como la estabilidad del mismo. 

Con el fin de garantizar la continuidad o no del proyecto, hasta tanto se obtenga con claridad los objetos técnicos para lo cual se deberá cumplir con la entrega de informes parciales como mínimo cada 10 días, sin que se llegue a superar el termino de 60 días. 

Los recursos de la defensa

Los abogados del grupo empresarial EPM y del proyecto Hidroituango argumentaron que se presentó una ejecución de los planes y operativos necesarios para garantizar la atención de las familias, residentes en los municipios que hacen parte de la zona de influencia del complejo energético. 

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Frente a la conformación de la mesa técnica aseguraron que existe un puesto de mando unificado en el que participan las autoridades locales, departamentales y nacionales, resaltando que entre 2018 y este 2019 se han llevado a cabo más de 250 reuniones con los socorristas y autoridades.

En esta mesa técnica se hace un monitoreo las 24 horas, inspeccionando las variables del proyecto energético. 

La apoderada de Hidroituango presentó recurso de apelación contra el fallo sobre las medidas cautelares que ordenó el juez, aduciendo que no eran procedentes puesto que ya se habían ejecutado todos los procesos para salvaguardar tanto el medio ambiente como a la población de la zona. 

Por su parte, el togado declaró desierto el recurso porque la abogada según dijo no lo sustentó en debida forma, ni se basó en los parámetros que exige la ley. 

El apoderado de EPM, Álvaro Giraldo Pérez, deslegitimó el informe en el que se basó la Fiscalía para solicitar en un primer momento, que se impusieran las medidas cautelares, aduciendo que le restaba credibilidad porque su función supuestamente no era esa. 

También cuestionó que el juez “hubiese leído comunicados de prensa -refiriéndose a las noticias de varios medios de comunicación sobre Hidroituango- y además, dijo que tampoco se le debía dar credibilidad a los medios de comunicación de este país. 

Pese a que RCN Radio intentó entrevistar al abogado frente a sus argumentos, no quiso pronunciarse. 

 

La conclusión de la Fiscalía

El fiscal 40 de la Unidad de Derechos Humanos, Juan Carlos Molina, defendió su tesis asegurando que se basó en informes entregados directamente por empresas que incluso están vinculadas contractualmente con EPM y en inspecciones que hicieron en la zona, recopilando información y datos precisos sobre la actual situación. 

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También se refirió al experto de la Universidad Nacional que realizó una investigación, sobre las condiciones actuales del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. 

“El rector de la Universidad Nacional comisionó al profesor Modesto Portilla para que fuera a la zona y allí estuvo 15 días recorriendo el lugar; no es una persona que haya hecho el estudio desde el escritorio. Estuvo en la represa, por las vías, visitó las obras y el embalse”, dijo el delegado de la Fiscalía General.

Agregó que el investigador concluyó que "existe un riesgo grande desde el punto de vista geológico, geotécnico e ingenieril y que registrarse un sucedo de esa magnitud, sería una ‘catástrofe parecida a la vivió Colombia en 1985 con Armero’, porque las aguas del río Cauca, la biomasa, la tierra y la piedra, se llevarían todo por delante". 

La Prouraduría General, la abogada de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y los apoderados de las víctimas, pidieron al juez confirmar las medidas impuestas. 

Luego de la exposición de los intervinientes dentro del proceso, el juez 75 confirmó las medidas e indicó que “se deben garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de los municipios y de las veredas, afectados por el inminente riesgo que representa, el proyecto”. 

Subrayó que el nivel de alerta se ha mantenido en rojo, lo que demuestra que son válidos, los temores de las víctimas. 

 

La posición de los afectados

Isabel Cristina Zuleta, representante legal del movimiento Ríos Vivos, se mostró complacida con la decisión.

"Creo que es una gota de justicia en un mar de desesperanza; se lo decía al señor Juez esto en derecho pero nosotros ‘no teníamos esperanza en la justicia, porque en Antioquia no la habido ni constitución ni leyes ni nada (…)', estamos alegres porque se puede creer en parte del Estado", señaló.  

Germán Romero Sánchez, abogado de la Asociación de Pescadores y Mineros de Valdivia, aseguró que la decisión del juez es significativa.

"Que se confirme la decisión de las dos medidas con los argumentos que ha expuesto el juez, demuestra que hay una esperanza para las víctimas de megaproyectos, que generan desastres ambientales, a que haya algo de justicia (…). Esperamos que no sea tarde y que las medidas otorgadas puedan corregir el rumbo de Hidroituango pero fundamentalmente, que sirva para garantizarles los derechos a miles de personas que alrededor del río Cauca, están esperando una respuesta concreta", aseveró. 

 

Lo que viene 

El fallo del juez es de cumplimiento  obligatorio. La apelación de EPM pasará al despacho de un juez penal del Circuito con Función de Conocimiento, quien definirá si los argumentos son válidos o no. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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