Emilio Tapia no será trasladado a una guarnición militar de Malambo
El contratista es uno de los principales procesados por el escándalo del billonario contrato entre el MinTIC y Centros Poblados.

La defensa del contratista Emilio Tapia Aldana, implicado en el escándalo de Centros Poblados, le solicitó a un juez de control de garantías de Malambo (Atlántico) ser recluido en el batallón militar de ese municipio argumentando temas de seguridad, además de su reciente intervención médica en una clínica de Barranquilla y el hecho de que su familia estaría más cerca de él.
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La petición, que finalmente fue rechazada por el juez, se hizo durante una audiencia adelantada de manera virtual en la que Alejandro Sánchez, abogado del empresario, alegó que Emilio Tapia no contaría con las condiciones de salud para ser recluido en la cárcel Modelo de Bogotá.
"El señor Emilio Tapia se encuentra en este momento en una URI de la Fiscalía en Barranquilla y los reportes que tenemos sobre su estado de seguridad y el nivel de riesgo no son alentadores", sostuvo Sánchez.
Frente a esto, el representante de MinTIC, Iván Cancino, rechazó la solicitud de la defensa de Tapia señalando que el juez del municipio de Malambo no cuenta con las competencias para tomar tal determinación, teniendo en cuenta que la jurisdicción nada tiene que ver con el polémico contrato de la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio.
"Malambo por ninguna parte, su señoría, entra en el panorama de este caso. Y la escogencia del juez de garantías no puede ser capricho de las partes", alegó Cancino.
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La fiscal del caso, Andrea Muñoz, indicó que "en este momento ya se le dio de alta y queda pendiente el traslado al centro de reclusión", indicando que la Fiscalía no consideraba competente al juez de Malambo para adelantar la diligencia.
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía rechazaron la solicitud argumentando que Tapia sí cuenta con las condiciones de salud para su traslado a un centro carcelario.
El empresario, quien es investigado por ser el 'estructurador' del proyecto que llevaría internet a más de 7.000 colegios de zonas apartadas del país, permanece en las instalaciones de la URI de la Fiscalía en Barranquilla.
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