Empresas públicas deben investigar renuncias por acoso laboral
Así lo advirtió la Corte Constitucional al revisar el caso de una mujer de 68 años que renunció a su cargo
La sala plena de la Corte Constitucional estableció que las empresas públicas deberán iniciar investigaciones cuando sus empleados deciden renunciar bajo el argumento de ser víctimas de acoso laboral.
Señala la Corte que ese tipo de situaciones podrían evidenciar que dentro de la empresa existen “circunstancias que afectan los derechos fundamentales del trabajador”.
Advierte que esos casos deben considerarse como una denuncia: “La presentación de una solicitud de este tipo debe ser abordada con el mismo nivel de protección que correspondería, dado el evento en el que se tratara de una denuncia propiamente dicha”.
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Los pronunciamientos de la Corte se dieron al estudiar el caso de una mujer de 68 años a quien la Secretaría Educación de Medellín le había negado en varias oportunidades su carta de renuncia, aunque ella argumentó que había sido victima de acoso laboral por cerca de cinco años.
Las negativas de la Secretaría se basaban en que su caso se encontraba motivado “en circunstancias que presuntamente podían ser consideradas como de presión o provocación” y no como una decisión libre y voluntaria.
La Corte consideró que la Secretaría no podía rechazar la renuncia bajo ningún argumento y que solamente podía solicitar la reconsideración a no renunciar
Precisó también que en el evento en que la renuncia fuera reiterada, debía aceptarla, so pena de coartar desproporcionalmente las libertades de la trabajadora.
Por lo cual, ordenó a la entidad adelantar, si aún no lo ha hecho, el trámite de las diferentes denuncias por acoso laboral formuladas por la mujer.
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