En Batallón La Popa también existió patrón criminal para cometer 'falsos positivos': JEP
Ese tribunal responsabilizó a 15 militares por el asesinato de 127 personas y la desaparición de 121.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aseguró que se detectó un patrón criminal que fue cometido por los 15 militares del Batallón La Popa de Valledupar, tras aliarse con estructuras paramilitares para asesinar a personas indefensas y hacerlas pasar como “falsos positivos”.
En diálogo con RCN Radio, el magistrado Cufuentes aseguró que al igual que en el caso del Catatumbo (Norte de Santander), allí también se estableció que no fueron casos aislados, sino delitos sistemáticos para hacer pasar a personas inocentes como supuestas bajas en combate.
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“Aquí se ha corroborado que en el batallón La Popa el patrón de criminalidad se mantiene. Estamos frente a un delito de sistema, inclusive se hacen dos imputaciones a los comandantes como autores mediatos por dominio de un aparato organizado de poder”, dijo el magistrado Cifuentes.
(Audio) Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, sobre militares implicados en 'falsos positivos' en la Costa Atlántica.
Los 15 miembros del Ejército llamados a responder por estos hechos fueron dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales, quienes fueron declarados como máximos responsables de participar de forma determinante en el asesinato de 127 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
Los imputados en calidad de autores mediatos, son los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Artillería No.2 La Popa entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien lo sucedió entre 2004 y 2005.
La JEP estableció que del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez.
El magistrado Cifuentes aseguró que también se evidenció que los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado, por parte de los integrantes de esta unidad militar que fueron imputados.
“Una organización criminal en el interior de la fuerza pública, que pervirtió todos los procedimientos propios que debe ser garante de los Derechos Humanos”, dijo Cifuentes Muñoz.
Exmilitar capturado en Haití
De otra parte, el presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) Eduardo Cifuentes, aseguró que era responsabilidad de un juez de control de garantías de Medellín alertar a las autoridades migratorias sobre el proceso adelantado por ‘falsos positivos’ contra Francisco Eladio Uribe Ochoa, uno de los exmilitares colombianos que fueron capturados por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise.
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Aunque Uribe Ochoa también había formalizado su sometimiento ante ese tribunal en septiembre de 2020, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, le otorgó el 09 de octubre 2018 el beneficio de la suspensión de la orden de captura que pesaba en su contra y además de trasladar la actuación a la JEP como lo hizo, debía notificar oportunamente la alerta a Migración Colombia para evitar que saliera del país.
Los 15 miembros del Ejército llamados a responder por estos hechos fueron dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales quienes fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Los imputados, en calidad de autores mediatos, son los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón de Artillería No.2 La Popa entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien lo sucedió entre 2004 y 2005.
La JEP estableció que del total de crímenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía Gutiérrez y 52 bajo el mando de Figueroa Suárez y en un gran número de los hechos ocurrió desaparición forzada.
El magistrado Cifuentes aseguró que también se evidenció que los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron víctimas de un daño grave, diferenciado y desproporcionado por parte de los integrantes de esta unidad militar que fueron imputados.
“Una organización criminal en el interior de la fuerza pública que pervirtió todos los procedimientos propios de una fuerza púbica que debe ser garante de los derechos humanos”, dijo Cifuentes Muñoz.
Exmilitar capturado en Haití
De otra parte, el presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) Eduardo Cifuentes aseguró que era responsabilidad de un juez de control de garantías de Medellín alertar a las autoridades migratorias sobre el proceso adelantado por ‘falsos positivos’ contra Francisco Eladio Uribe Ochoa uno de los exmilitares que fueron capturados por el magnicidio del presidente de Haití.
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Aunque Uribe Ochoa también había formalizado su sometimiento ante la Jurisdicción Especial en septiembre de 2020, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, en etapa de juicio, le otorgó el 9 de octubre 2018 el beneficio de la suspensión de la orden de captura, que pesaba en su contra, y además de trasladar la actuación a la JEP como lo hizo, debía notificar oportunamente la alerta a Migración Colombia para evitar que saliera del país.
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