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El exministro de Agricultura le pidió que tumbe el fallo que lo destituyó e inhabilitó por 17 años para ocupar cargos públicos.

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura
Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura
Colprensa

El despacho del magistrado Cesar Palomino Cortes de la Sección Segunda del Consejo de Estado definirá en los próximos días si acepta los argumentos de la demanda presentada por el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva contra del fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

El exministro de la cartera de Desarrollo Rural presentó una demanda de nulidad y restitución del derecho al considerar que el órgano de control disciplinario le vulneró sus garantías procesales al no evaluar los elementos materiales de prueba presentados por su defensa durante la investigación.

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En la acción judicial aseguró que nunca se tuvo en cuenta el papel del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la forma en cómo se adelantó la entrega de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Reseña Arias que se debe tener en cuenta que la adjudicación al IICA para la administración de estos recursos se hizo de manera directa puesto que se trataba de un convenio de cooperación científica y tecnológica, hecho por el cual –basándose en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2017- no era obligatorio realizar una licitación pública.

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En este sentido se indica que la “Procuraduría no valoró y desconoció medios de prueba relevantes”. Debido a esto el Consejo de Estado ordenó el traslado de las declaraciones rendidas ante la Corte Suprema de Justicia por Arturo José García Durán y Luis Fernando Restrepo Toro, quienes detallaron los alcances de los convenios que el Estado ha firmado con el IICA en las últimas décadas.

El trámite de la demanda

El 31 de julio de 2012, el Consejo de Estado había inadmitido la demanda del exministro, hecho por el cual se tuvo que presentar la debida corrección del caso. El 14 de febrero de 2013, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo aceptó la acción judicial y ordenó la práctica de pruebas.

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En enero de 2018 el magistrado asumió el conocimiento del caso. Debido a esto tuvo que revisar los argumentos presentados por Arias Leyva, así como el concepto de la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado y el Ministerio de Agricultura.

Desde el 21 de septiembre de 2019 se encuentra en el despacho del magistrado para fallo.  

La decisión de la Procuraduría

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General determinó en su momento que el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva había incurrido en irregularidades en la puesta en marcha del programa Agro Ingreso Seguro.

El Ministerio Público señaló que se había presentado una omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos para la celebración de los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica 003 de enero de 2007, 055 de enero de 2008, 052 y 037 de enero de 2009.

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Para la Procuraduría General estas irregularidades llevaron que en 2008 “se aprobaran proyectos de riego y drenaje sin el lleno de los requisitos, al igual que la asignación de apoyos económicos a proyectos de la misma naturaleza que no contaban con estudios serios que permitieran garantizar la ejecución de las obras de riego y drenaje, la asignación de recursos y aprobación de proyectos pertenecientes a un mismo predio de explotación agrícola”.

El fallo revela que se presentó una falla al utilizar la modalidad de contratación directa para celebrar convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con el IICA, “invocando que el objeto de las obligaciones estipuladas en los citados convenios comprendían actividades de ciencia y tecnología, con la finalidad de prescindir del proceso licitatorio, cuando realmente su objeto y sus obligaciones no correspondían a las actividades de ciencia y tecnología”.

El 13 de diciembre de 2011, el despacho del procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado emitió fallo de segunda instancia en el que dejó en firme la sanción disciplinaria. Igualmente se relata que existió un desconocimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad para la entrega de las convocatorias de riego y drenaje.

Fuente

RCN Radio

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