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Tres exdirectivos de TicketShop fueron señalados por la Fiscalía de generar sobrecostos en la venta de las boletas.

Selección Colombia - Copa América
Selección Colombia en la Copa América 2019.
Colprensa

El 23 de enero de 2019 el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez anunció con bombos y platillos la imputación de cargos contra César Ronaldo Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez, dos directivos de la empresa Ticket Shop.

Para el jefe del ente investigador, existían pruebas suficientes que permitían inferir que estas personas habían manipulado el precio de las boletas de los partidos que la Selección Colombia iba a jugar en el estadio Metropolitano de Barranquilla en la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

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El foco de atención de este escándalo de corrupción recaía en el partido que jugó el seleccionado contra Brasil el 5 de septiembre de 2017. Días antes del crucial encuentro, miles de hinchas aseguraron que la plataforma de Ticketshop estuvo caída y fue imposible comprar las entradas.

Después de muchos intentos, cuando pudieron ingresar, el sistema les arrojaba que las seis mil boletas que estaban para la venta se habían agotado. Sin embargo, tras las quejas presentadas, se pudo registrar que muchas de las boletas habían sido revendidas entre el 15 y 3l 24 de mayo de 2017.

Las pruebas recolectadas arrojaron que 3.353 boletas (952 boletas de la localidad Occidental, 779 boletas de Oriental y 622 boletas de Norte y Sur) llegaron a manos de inescrupulosos que las movieron en el mercado negro, generando así una afectación a las finanzas de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Los revendedores triplicaron el precio original de las entradas. Pese a que las de Norte y Sur costaban 60 mil pesos, en el mercado negro alcanzaron un valor de 200 mil pesos, aprovechándose de las personas que querían ver los partidos de la Selección dirigida por José Pekérman.

El asunto no quedó ahí, las boletas de Occidental, que tenían un valor en el mercado normal de 350 mil pesos fueron revendidas a $800 mil, representando así un incremento del 229%. En un principio, el precio de la boletería para ese encuentro tenía un valor total de 578 millones de pesos, sin embargo, con todas las maniobras se aumentó su valor hasta llegar a los mil 154 millones de pesos.

En la audiencia celebrada el 22 de febrero de 2019, el representante legal y gerente financiero de Ticket Shop reconocieron su responsabilidad en los delitos de agiotaje agravado (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos o servicios.

Sin embargo, hasta la fecha, la audiencia en la que se conocería el monto de la condena se ha aplazado en dos oportunidades. La diligencia que se tenía programada el pasado 21 de enero se suspendió y no se ha fijado una nueva fecha.

El segundo proceso

El 23 de enero de 2019, la Fiscalía General anunció la ampliación de las líneas de investigación por el escándalo de la reventa de boletería al vincular formalmente a los empresarios Elías Yamhure Dacarett y Medardo Alberto Romero, así como a Rodrigo de Jesús Rendón, máximo accionista del Real Cartagena.

Sin embargo, la sola audiencia de imputación sufrió cuatro aplazamientos. Las dos primeras diligencias, programadas para marzo y mayo, se suspendieron por la no presencia de los imputados quienes alegaron motivos personales.

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La tercera diligencia se frustró por la muerte del dirigente deportivo, Rodrigo de Jesús Rendón. Solamente en diciembre la Fiscalía General le imputó cargos a Medardo Alberto Romero, uno de los principales representantes de TicketShop.

El empresario fue señalado de haber tenido participación y conocimiento en las irregularidades que rodearon la entrega del contrato para la venta de boletería pese a que TicketShop no contaba con la experiencia para realizar la venta.

En dicha imputación se conoció una declaración que vinculó a Romero de haber ordenado el envío de una maleta con tres mil millones de pesos dirigida a los directivos de la Federación, Ramón Jesurum, Luis Bedoya y Álvaro González.

Debido a esto, el juez de control de garantías pidió que se adelantara una investigación para verificar la veracidad de dicha acusación. El funcionario judicial, además, se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento al empresario.

En junio pasado, la Fiscalía General radicó formalmente el escrito de acusación contra Romero por los delitos de agiotaje agravado, concierto para delinquir y corrupción privada.

La imputación de cargos contra Elías Yamhure Dacarett no se ha podido realizar debido a motivos logísticos y solitud de aplazamiento del procesado.

Fuente

Sistema Integrado Digital

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