Endurecen penas contra autores de amenazas a líderes sociales
Tras esta reforma legal, quien amenace a un líder de derechos humanos podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.
La Fiscalía General de la Nación señaló que este lunes será sancionada una ley que tipifica por primera vez el delito de amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Esta iniciativa fue propuesta por el ente investigador al Congreso de la República, ante las crecientes amenazas sobre líderes sociales y como parte de la política pública que debe reaccionar frente a este fenómeno.
Con base en esta reforma legislativa, las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos serán judicializadas rápidamente con penas entre los 6 y 10 años de prisión.
“El tipo penal relativo a la amenaza requería un elemento subjetivo complejo, que exigía que causara ‘zozobra social’, lo que ha quedado eliminado”, indicó la vicefiscal General, María Paulina Riveros.
Según la Fiscalía, “este elemento subjetivo relativizaba la amenaza, por lo que ahora se va a tener un tipo penal objetivo y así́, este tipo de coacción contra un líder o defensor de derechos humanos, es por definición un delito en Colombia a partir de este lunes”.
Riveros indicó además que debido a las dificultades identificadas para investigar las amenazas contra líderes sociales, la Fiscalía está poniendo en marcha una estrategia que buscar fortalecer y avanzar en las respectivas indagaciones.
“Ante esta situación emprendimos una labor de trámite legislativo para que ahora en el tipo penal de amenazas no sea necesario probar esa zozobra y se facilite la investigación”, indicó.
La mitad de los crímenes de líderes, esclarecidos
La Vicefiscal General reportó que el 50% de los crímenes de líderes sociales han sido esclarecidos por parte de investigadores.
Riveros indicó que los casos certificados por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacen referencia a un total de 178 homicidios de líderes sociales en el país.
En desarrollo de las investigaciones indicó que ha sido posible, entre enero de 2016 y junio de 2018, capturar a 167 personas señaladas de ser presuntas responsables de estos homicidios.
“Manejar estas cifras: la más baja supera 50 o cien casos. Revela una situación muy grave en el país y es que realmente consideramos que este incremento en el homicidio de defensores no se puede negar y resulta de la mayor gravedad para la consolidación de la democracia en el país”, dijo Riveros.
Agregó que “la emergencia de nuevos grupos organizados al margen de la ley y la disputa por las rentas criminales en los territorios, creemos que es el mayor factor de causalidad en esta materia”.
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