Envían a la cárcel a dos procesados por caso de corrupción en el Tribunal Administrativo

Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Kelly Andrea Eslava y Aldemaro Vargas en el marco del proceso penal que se les adelanta por el presunto caso de corrupción que se habría presentado en el despacho del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  Carlos Alberto Vargas Bautista.

El pasado 8 de noviembre, la Fiscalía General le imputó a Kelly Andrea Eslava los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y público y acceso abusivo a sistema informático. Mientras que Vargas fue señalado de participar en los cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

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En la imputación de cargos, el delegado del ente investigador señaló que el despacho del magistrado habría ordenado el pago de millonarias indemnizaciones a un particular en el marco de dos procesos contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Hospital de Ubaté (Cundinamarca).

Sin embargo, en los dos casos existía un factor común: la abogada Kelly Andrea Eslava, quien durante seis meses trabajó como judicante en el despacho del magistrado Vargas Bautista, aparecía como representante legal del demandante. 

Para el ente investigador la cercanía laboral -que luego se convirtió además en sentimental- influenció gravemente en estos procesos, puesto que el magistrado no falló en Derecho sino motivado por otros intereses.

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En la investigación se señaló que el magistrado habría pedía altas sumas de dinero para favorecer los intereses de los procesados. Estos dineros se habrían movido en una cuenta de Aldemaro Vargas, quien era una persona de su gran confianza puesto que le cuidaba una de sus fincas en el municipio de Melgar. 

Según las pruebas recolectadas, en el estudio de estas demandas se presentaron varias irregularidades, entre las que se encuentran los cambios arbitrarios de abogados, la falsificación de documentos y la creación de una estructura para realizar el envío de los dineros y así evitar llamar la atención de las autoridades.

En el proceso que se adelantó contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado se ordenó el pago de 65 mil millones de pesos a favor del hombre representado por Eslava. Mientras que en el caso contra  el Hospital de Ubaté y el del Humedal Jaboque se fijó una reparación en 9 mil millones de pesos al demandante. 

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Esta empresa criminal, como fue calificada, habría funcionado entre junio de 2012 hasta mayo de 2017. La Fiscalía General investiga qué otros procesos habrían presentado falencias. 

El magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista enfrenta un proceso por los delitos de cohecho, prevaricato por acción y omisión y concierto para delinquir al presuntamente favorecer, y el próximo 27 de noviembre se conocerá si es enviado o no a la cárcel.