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Los Dragoneantes serán trasladados al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, ‘La Picota’ mientras enfrentan el proceso en su contra. 
Dragoneantes
Cortesía- Fiscalía

El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías envió a prisión a los siete dragoneantes del Inpec, con funciones en la penitenciaria de ‘La Tramacúa’ en Valledupar, señalados de corrupción.

Los funcionarios, Wesly Palacio Mena, alias 'Niche', de 33 años; Henry Rendón Henao, de 27 años; Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, de 30 años; Edgar Alejandro Martínez Arias, alias 'Paspi', de 33 años; Andrey Alejandro Durán Sánchez, alias 'Chaval', de 33 años; Jaime Alonso Herrera Flórez, de 24, y Herney Fernando Novoa Martínez, serán trasladados a ‘La Picota’ en Bogotá, mientras enfrentan el proceso en su contra. 

La juez consideró que no podían ser enviados a la cárcel judicial porque en el centro penitenciario se encuentran dos testigos del ente investigador que también son merecedores de protección, y tampoco podían estar en ‘La Tramacúa’ por haber laborado allá. 

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La Fiscalía 1 Especializada adscrita al Gaula Cesar contra delitos de extorsión imputó a los procesados el delito por concierto para delinquir con fines extorsivos.

De acuerdo a los elementos de prueba, los dragoneantes empezaron a ingresar comida rápida, tragos, celulares, sim card, modem para wifi, y para ello cobraban tarifas como una hamburguesa a 250 mil pesos, una caja de arroz chino a 500 mil pesos, un litro de licor a un millón de pesos, un celular a un millón de pesos, una libra de marihuana a un millón 500 mil pesos y por un paquete de sim card a un millón 400 mil pesos.

Igualmente, el ente acusador dio a conocer que los implicados ingresaban con un dron varios elementos para el servicio de los reclusos.

Asimismo, personas en la parte externa de la cárcel arrojaban celulares y otros elementos que eran recogidos y distribuidos en los pabellones con la complicidad de los guardianes.

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Además, coordinaban el ingreso de celulares por el valor de $800 mil cada uno recibiendo hasta $64 millones.

Los abogados defensores de los funcionarios, interpusieron el recurso de apelación para que un juez de segunda instancia valore nuevamente la medida de aseguramiento intramural. 
 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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