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El abogado Germán Romero sostuvo que la Fiscalía omitió de un solo tajo 30 años de investigación

TOMA PALACIO DE JUSTICIA
Operación de recuperación del Palacio de Justicia.
Colprensa

El abogado Germán Romero, quien representa a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, cuestionó seriamente las conclusiones a las que ha llegado la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal en un informe enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este emblemático caso.

El jurista considera como inadmisible que 32 años después el ente investigador diga que no existieron desaparecidos tras la operación de recuperación del Palacio el 6 y 7 de noviembre de 1985 y que lo que se presentó fue una mala identificación de los cuerpos calcinados y los restos humanos.

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Considera que con este tipo de informaciones lo único que se quiere buscar es demostrarle al organismo internacional en la audiencia programada para el próximo 6 de septiembre que no existe ningún tipo de responsabilidad del Estado en el caso de las desapariciones.

Omitiendo de un solo tajo todas las pruebas que se han recolectados en los últimos años y que han permitido establecer la desaparición y tortura de un grupo seleccionado de personas, principalmente los trabajadores de la cafetería, por parte de las Fuerzas Militares que adelantaron el operativo de recuperación.

Y es que el abogado penalista no entiende que sea la misma Fiscalía la que diga esto puesto que existen varias condenas en contra de militares (general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano) por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

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Romero recordó que durante los últimos cinco años la Fiscalía General no ha tomado una sola prueba para establecer la supuesta mala identificación de los cuerpos. “En este caso existieron desapariciones, no hay prueba que refute al día de hoy las versiones de civiles y militares que vieron salir con vida a las seis personas cuyos restos ya fueron entregados”.

Considera que diferentes estrados judiciales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido la existencia de desaparecidos en este caso. El abogado penalista recordó que en el caso de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería, existen dos videos que lo muestran saliendo con vida del Palacio de Justicia “y de ello no se dice nada”.

Cuestiona que la misma Fiscalía no hace mención alguna a las declaraciones que revelan los hechos que rodearon las torturas en la Casa del Florero a la guerrillera del M-19, Irma Franco y su posterior desaparición. Caso que incluso ha sido reconocido por varios militares.

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Igualmente, no se toca el tema de los estudiantes de Derecho, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo quienes fueron víctimas de tortura en instalaciones militares tras ser acusados de participar en la toma al Palacio y estuvieron a punto de ser sometidos a desaparición forzada. “De todo esto sabía el Ejército y hay informes de estos hechos”.

Existe otra evidencia –señala el representante de víctimas- sobre “los horrores” que cometió el B-2 del Ejército (que tenía labores de inteligencia) en la Casa del Florero, el Cantón Norte, el Charry Solano y otras guarniciones militares.

“Es una forma de la Fiscalía de llegar como parte del Estado colombiano al manifestar que hay una equivocación, en una estrategia de defensa basada en el desprestigio de años y años de investigadores, fiscales, jueces y representantes de víctimas”, precisó.

Fuente

RCN Radio

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