Escándalo Centros Poblados: Procuraduría reconoció que hubo amenazas y eliminación de información

La Procuraduría General de la Nación reconoció que hubo amenazas de muerte, chantajes y eliminación de información clave dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de corrupción en el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal. 

Al mismo tiempo, solicitó que sean enviados a la cárcel Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, procesados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

El delegado de la Procuraduría Miguel Antonio Carvajal, también señaló que este caso de corrupción es muy grave, no solo por el desfalco al Estado sino por la reincidencia en la comisión de delitos contra la administración pública, en el caso de Emilio Tapia, quien fue condenado por su participación en el 'carrusel de la contratación en Bogotá'. 

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Explicó además, que los detenidos buscaron remplazar los documentos falsos por unos reales y de esta manera eliminar información clave dentro de este caso. 

"En el caso específico de los señores Laverde y Duque, la información con la que cuenta la Fiscalía es que conocedores que el Ministerio determinó la falsedad de las garantías, dirigieron todo un actuar teniente a reemplazar esas garantías por unas verdaderas, por unas pólizas tal vez de empresas aseguradoras reconocidas, buscar por todos los medios adecuar su comportamiento probablemente ilegal, como se ha señalado por la Fiscalía con una sustitución de estos mecanismos espurios que, dieron origen a los errores que adoptó la entidad contratante (Mintic)".  

Resaltó que esa idea fue equivocada porque esos documentos, ya se estaban utilizando dentro de la investigación, por lo que señaló reconoció que en medio de esa situación determinaron que había que recurrir a otro tipo de prácticas. 

El procurador reconoció en medio de la diligencia virtual que se adelanta este viernes ante el juez 53 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que hubo amenazas, intimidaciones y presiones. 

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"semejante actuación lo que haría es confirmar probablemente la ocurrencia, comisión y participación en estos hechos, determinaron que las personas que habían participado igualmente en estos hechos, deberían ser objetos de presiones e intimidaciones incluso, para que se hiciesen cargo de los ilícitos y que quienes aparecían dentro de la unión temporal y quienes estuvieron detrás de estos hechos probablemente ilícitos, figurarán como sujetos engañados o que por lo menos, su actuación se justificara por un error". 

También señaló que 'borraron información clave que hubiera esclarecido lo que ocurrió en este caso de corrupción'. 

"Se detalla igualmente la información del borrado de algunos dispositivos de almacenamiento de aparatos móviles celulares". 

Se refirió también al chantaje en el que los procesados habrían incurrido 

"El ofrecimiento de asumir los costos de defensa de quienes asumieran plena responsabilidad de los hechos y ante la negativa, se llegó incluso a amenazarlos en su integridad física y la de su familia".

El procurador Carvajal aseguró que, no existe posibilidad jurídica que permita que los procesados queden en libertad porque obstruirían a la justicia. 

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"El comportamiento de los imputados en el futuro igualmente se dirigiría a persistir en inducir a los testigos y coimputados y a impedir, ocultar o falsificar documentos de prueba para distraer el esclarecimiento de lo ocurrido en medio del juicio oral".