Esposa de Bernardo Jaramillo pide investigar al general Maza por crimen del líder de la UP
Asimismo confía en que se impulse la investigación de 12 agentes del DAS y la Policía.
Mariela Barragán, viuda del asesinado candidato presidencial de la Unión Patriótica, UP, Bernardo Jaramillo Ossa, hizo un llamado a las Fiscalía para que se investigue una posible omisión de funciones por parte del exdirector del DAS, general retirado Miguel Maza Márquez, en relación con el magnicidio del entonces candidato presidencial.
“Creo que el máximo responsable es el general Maza Márquez, que estaba en cabeza del Das y sus subalternos, la justicia tiene que investigar detenidamente”, dijo Barragán.
También señaló que una de las cosas que más llama la atención es que los organismos de inteligencia no hayan tenido conocimiento de lo sucedido, “es decir, un jefe de inteligencia que le asesinen a tres candidatos a la presidencia y no responda, eso me parece inverosímil”.
De igual forma destacó el llamado a indagatoria que realizó la Fiscalía a 12 personas, antiguos escoltas del DAS y de la Policía, que hacían parte de su esquema de seguridad y sostuvo que espera que las autoridades con esta nueva etapa en las investigaciones logren esclarecer todos los actores armados y políticos que habrían participado en el homicidio de Bernardo Jaramillo y el exterminio de la UP.
“El crimen de Bernardo estuvo enmarcado dentro del genocidio de la UP, yo creo que el aparato del paramilitarismo, que fue el que se utilizó para aniquilar líderes de izquierda y sociales, estuvo apoyado por militares, políticos y empresarios, entre otros”, indicó Barragán.
Según la hipótesis central de la Fiscalía, en este caso pudo existir una alianza criminal entre los Hermanos Castaño, creadores de las autodefensas y algunos integrantes del extinto DAS, para asesinar al expresidente de la Unión Patriótica en marzo de 1990, en el Puente Aéreo de Bogotá.
De acuerdo con los investigadores la posible participación de agentes del Estado en este magnicidio se sustenta en la presunta existencia de un plan de aniquilamiento del nuevo partido; la protección que recibió el sicario el día de los hechos y las aparentes desviaciones que se promovieron con posterioridad, en relación con la investigación judicial.
