Esto dicen la Cortes sobre las plataformas digitales de transporte

Una fuerte polémica protagonizó el fin de semana, el concejal del Centro Democrático en Manizales, Julián Osorio, luego de que denunciara a un conductor de la plataforma InDriver, tras pedir el servicio de transporte a través de la plataforma digital.

El hecho quedo registrado en un video en el que al parecer el mismo cabildante grabó y donde se ve cuando pone en aviso a la Policía sobre que el conductor trabajaba para una plataforma ilegal.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre ese debate del servicio de transporte a través de las plataformas digitales y ha dicho que es ilegal, porque no existe ninguna ley que las soporte y su uso no cumple “con los requisitos para ser autorizado” por el Ministerio de Transporte.

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Sin embargo, la Corte ha tumbado las normas que han buscado poner más trabajar a esos conductores para trabajar.

Por un lado, en el 2019 el alto tribunal tumbó los artículos que fijaban la suspensión de la licencia de conducción, por un período de 25 años, para los conductores que utilizaran esas plataformas.

Sobre ese punto, la Corte le ha pedido al Congreso de la República regular y aclarar los tiempos para efectos de la suspensión de las licencias de conducción en el país, así como las autoridades que deben emitir las respectivas sanciones. 

Incluso, ha estudiado tutelas de conductores que Uber que buscan la protección de sus derechos al trabajo y al mínimo vital pero que han sino negadas.

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“La sala encuentra que tampoco es claro por qué dicha omisión deriva en una vulneración de derechos fundamentales, ya que el hecho de que un oficio no se encuentre regulado no puede significar de manera automática que existe una afectación de dichas garantías”, dijo la Corte en una de las sentencias sobre el tema.

Precisamente, la pelea por la legalidad de las plataformas digitales llegó el año pasado a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.

El recurso que está en esa Corte busca revivir la sanción contra Uber que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, y que había ordenado su suspensión por competencia desleal.