Esto no es más que un montaje, coronel (r) Ariza, procesado por falsa desmovilización
El oficial del Ejército asegura que existen intereses políticos y jurídicos detrás del expediente de la compañía Cacica La Gaitana.
Para el coronel (r) Jaime Joaquín Ariza no cabe duda que el proceso por la supuesta falsa desmovilización de la Compañía ‘Cacica La Gaitana’ de las Farc “es un montaje” que se adelantó en contra de varios altos oficiales del Ejército Nacional y el exalto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.
En entrevista exclusiva con RCN Radio, el oficial en retiro manifestó claramente que detrás de este proceso existen unos intereses políticos y jurídicos muy fuertes. En su concepto se realizó un “espectáculo mediático” con acusaciones sin ningún tipo de sustento probatorio.
“Ha sido un eterno padecimiento, un desgate”, señaló el coronel Ariza al hacer referencia que él junto a otro coronel del Ejército llevan nueve años intentando demostrar su inocencia, sin embargo, el proceso penal poco o nada ha avanzado y hasta la fecha siguen en etapa preparatoria.
En este punto recalcó que la audiencia que se tenía programada para el pasado 11 de febrero se tuvo que aplazar debido a que el fiscal anticorrupción que llevó este caso desde su inicio fue trasladado a Cartagena por problemas de salud y el nuevo delegado del ente investigador tiene que estudiar el voluminoso expediente y revisar todo lo actuado hasta el momento.
“Se apartó de manera intempestiva aduciendo fallas de salud y fue trasladado sin ningún miramiento ni contemplación a la afectación de este proceso, el cual es de tipo jurídico-político (…) dejando un fiscal encargado del juicio que aduce que no está facultado para actuar y que de estar facultado tendrá que esperar tres o cuatro meses para conocer el caso”, precisó.
Esto se le suma a los ya constantes aplazamientos que ha tenido que enfrentar la etapa preparatoria. En algunos casos el juez se ha visto obligado a reprogramarla porque no asisten los defensores de los exguerrilleros Miguel Alcides, José Alfredo y Flor Inés Pacheco Ramos –cuyo paradero se desconoce hace cuatro años-, en otros casos los abogados públicos manifiestan que no tienen conocimiento el caso o que su contrato ya va a terminar.
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“Aquí hubo intereses muy grandes, y eso es lo que mantiene vivo este proceso, ya como no es objetivo y como acabaron con las carreras militares de los procesados, como tienen exiliado al señor comisionado pues ya le bajaron el perfil y ya ni siquiera la Fiscalía responde por su elemental papel como ente acusador en un proceso penal”, manifestó el excomandante de la regional de inteligencia No. 5 del Ejército.
En este punto considera que con este proceso se le ha hecho un daño muy grande a la honra de los militares procesados, además de las afectaciones económicas que ha representado pagar los gastos de defensa durante casi diez años. “La situación es bastante crítica, ya llevamos nueve años y lo que se presume es que sean cinco años más”.
“Yo no estoy pidiendo que nos precluya por tiempo ni nada de eso. Los militares que estamos vinculados a este proceso hemos asistido religiosamente a todas las audiencias como puede dar prueba el juzgado primero especializado de Bogotá, el desgaste de los defensores, los mismos jueces atiborrados de trabajo, pero ya no aparecen los inculpados ni el fiscal”, manifestó.
El juzgado fijó para el próximo 6 de mayo la continuación de las audiencias preparatorias, sin embargo, todavía no se sabe qué puede pasar puesto que no hay fiscal en propiedad en este proceso penal.
“Yo sí quiero que inicie el juicio mañana porque estoy seguro de mi actuar y de mi proceder, y de mi inocencia. Se ha perdido muchas oportunidades en la vida profesional (…) Yo espero sea muy pronto que salga la verdad”, aseveró.
En este punto aseveró que confía en la justicia colombiana, descartando presentar su caso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Coronel (r) Jaime Joaquín Ariza
La Cacica La Gaitana
En el escrito de acusación presentado en junio de 2012, la Fiscalía General indicó que en marzo de 2006, integrantes del Ejército General “reclutaron” y trasladaron hasta La Tebaida, zona rural del municipio de Alvarado (Tolima) a un grupo de habitantes de calle, trabajadoras sexuales, desempleados e integrantes de grupos de delincuencia común con el fin de presentarlos como guerrilleros de las Farc que querían regresar a la vida civil.
En ese lugar –según el documento- se les dio “entrenamiento militar” e instrucciones precisas para presentare en la desmovilización. Sin embargo, el oficial recalcó que el Ejército no tuvo nada que ver con este tema puesto que ellos solamente hicieron presencia en el sector cuando ya estaban todas las personas que manifestaron ser parte de las Farc y deseaban desmovilizarse.
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El oficial reconoce que efectivamente se presentaron irregularidades en el tema de las armas que se entregaron durante la desmovilización colectiva, sin embargo esto no es responsabilidad del Ejército sino de la Fiscalía General y los organismos de la Presidencia que tenían participación directa con la dejación de las armas.
“En su momento se debatirá eso en el juicio o tendrá que verse porque desgraciadamente sí fue una irresponsabilidad, a esas armas se les tuvo que hacer una cadena de custodia (…) Hubo un peritaje de las autoridades encargadas, pero con las armas le quiero anticipar que la opinión pública va a tener una sorpresa”, precisó el coronel.
El coronel en retiro sostuvo que la hipótesis de la Fiscalía sobre la invención de la compañía la Cacica La Gaitana para hacer una falsa desmovilización se cae de su propio peso, demostrando que poco o nada se conoce de inteligencia militar frente a este tipo de situaciones. “Hay varios frentes de las Farc denominados ‘Cacica La Gaitana’”.
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Considera que durante toda su historia, las Farc como organismo clandestino armaba y desarmaba agrupaciones con nombres simbólicos o en referencia a excomandantes guerrilleros. “Eso no es ninguna tesis fundamental, el nombre Cacica La Gaitana tengo entendido que se la pusieron ellos (en referencia a los guerrilleros que se desmovilizaron”.
Recuerda que por orden del general Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, un grupo de oficiales se dirigieron a la zona a realizar las respectivas entrevistas a los 60 guerrilleros que manifestaron que querían desmovilizarse y cuya vinculación con la guerrilla de las Farc fue avalada por la Fiscalía General.
El Ejército no tenía la obligación de revisar si en efecto hacían parte de ese grupo armado ilegal, sino recolectar información para hacer informes de inteligencia. “El Ejército Nacional representado por mí no hace desmvolizaciones colectivas, participamos en apoyo logístico”.
El excomisionado de paz
En su opinión personal, la apertura de este proceso penal en el año 2010 la Fiscalía de Viviane Morales Hoyos, buscaba afectar la carrera política de Luis Carlos Restrepo, quien en ese momento ya tenía un reconocimiento en la opinión pública por su trabajo y se perfilaba como un fuerte candidato presidencial en representación del uribismo.
Debido a esto cuestiona que la apertura de este proceso penal afectara el nombre y honra de Restrepo quien tuvo que salir del país argumentando falta de garantías procesales para buscar un exilio. “¿Cómo es posible que la Fiscalía General haya manejado un caso de este talante, vinculando a militares, al alto comisionado diciendo solamente ‘ellos sabían’?”
En su contra –reseñó- solamente existe el testimonio de un exguerrillero quien al momento de su desmovilización tenía 24 condenas “seis de ellas por falso testimonio”, lo que en su concepto le quita todo tipo de credibilidad en un sistema penal acusatorio serio.
En su defensa tiene el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que absolvió al general (r) Suárez Tocarruncho. “¿Qué hago yo en un proceso en el que mi superior fue exonerado por la Corte Suprema y a mis subalternos les fueron precluidos los delitos mediante decisión de la Fiscalía General? Y si no delinquieron ellos, ni mi superior, ¿entonces qué hago yo en la mitad de este sándwich jurídico al que no le veo salida”.
La Fiscalía General acusó al coronel Ariza por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y prevaricato por acción.
RCN Radio
