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Jineth Bedoya, durante una conferencia de prensa en Bogotá
La periodista Jineth Bedoya, durante una conferencia de prensa en Bogotá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado colombiano es responsable del secuestro y tortura de Bedoya, a manos de de los paramilitares en el año 2000.
AFP

En mayo de 2019, el juzgado quinto especializado de Bogotá compulsó copias para que se investigara al general (r) Leonardo Gallego Castrillón por los hechos que rodearon el secuestro de la periodista Jineth Bedoya Lima cuando adelantaba un trabajo de reportería en la cárcel Modelo.

La decisión tuvo como base la declaración de varios exparamilitares y de la misma periodista que señalaron al entonces director de la Dijín de la Policía habría ordenado el secuestro, esto debido a la molestia que estaban generando sus reportajes. 

En contexto: Corte IDH responsabiliza al Estado colombiano por caso de Jineth Bedoya

Dicha compulsa de copias fue conocida por la Fiscalía General, sin embargo, después de más de dos años poco o nada ha ocurrido. El nombre del general en retiro apareció nuevamente después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)) condenara al Estado colombiano por el secuestro, tortura y actos sexuales en contra de Jineth Bedoya. 

Tras conocerse la decisión del organismo internacional se cuestionó nuevamente la omisión y participación de las autoridades y servidores públicos. Y es que la misma Jineth Bedoya manifestó que el general Gallego tuvo conocimiento previo y detallado del plan de los paramilitares recluidos en la Modelo para secuestrarla y no tomó acciones de fondo para brindarle protección y seguridad. 

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Tras esto, el general publicó un comunicado en el que rechazó estas acusaciones y aseguró que nunca tuvo vínculos con grupos armados ilegales y jamás conoció ningún plan contra la comunicadora. 

"Jamás impartí alguna orden irracional a unidad subalternas y mucho menos a individuos particulares de grupos delictivos, para conectar supuestamente actividad por fuera del ordenamiento legal contra la señora Bedoya ", indicó el oficial en retiro. 

El Estado colombiano fue condenado por no adelantar las investigaciones pertinentes para identificar a todas las personas relacionadas con este secuestro, tortura y violación, así como haber permitido la revictimización de Bedoya.  

 

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