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El mayor Luis Francisco Perdomo Claros es procesado por presuntamente exigir sobornos para otorgar beneficios.

LA PICOTA
Cárcel La Picota de Bogotá.
Colprensa

El juzgado 51 de conocimiento de Bogotá dejó en firme el fallo que ordenó prorrogar por un año la medida de aseguramiento en contra del exdirector de la cárcel La Picota, mayor Luis Francisco Perdomo Claros, procesado por presuntos actos de corrupción.

Perdomo Claros, quien fue capturado el 27 de septiembre de 2018, buscaba que se le otorgara la libertad aduciendo que no existían motivos para que siguiera privado de su libertad en un centro carcelario.

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Esta petición fue negada en primera instancia por el juzgado 51 de control de garantías, quien ordenó prolongar la medida de aseguramiento impuesta de octubre de 2018 mientras se adelanta el proceso penal.

El exdirector de la cárcel La Picota es procesado por supuestamente exigir el pago de millonarios sobornos para beneficiar a varios internos permitiéndoles el ingreso de visitas en horarios no permitidos, acceso a licor y salidas del centro carcelario.

Perdomo fue capturado cuando recibía 20 millones de pesos en efectivo un emisor del narcotraficante José Byron Piedrahita Ceballos, más conocido como el ‘Patrón de Caucasia’ para permitirle el ingreso de sus familiares y amigos en horarios extraoficiales. 

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Debido a esto, la Fiscalía General le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito y concusión (exigencias de sobornos). El exdirector de la cárcel La Picota siempre ha señalado que es inocente, siendo víctima de un engaño.

En otras decisiones de este caso, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud presentada por la defensa del mayor Claros para que se avalaran una serie de elementos materiales probatorios para su defensa en el juicio.

Con esto, el expediente regresó al centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao para que se reactive el proceso penal.

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El mayor Perdomo enfrenta además un proceso disciplinario en la Procuraduría General.

El Ministerio Público indicó que el exdirector de la cárcel habría omitido su deber para “salvaguardar la moralidad pública para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, con el correcto y debido ejercicio de su cargo".

Fuente

Sistema Integrado Digital

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