Exdirector de la Uiaf perdió batalla jurídica para tumbar condena
La Corte Suprema negó una tutela que presentó un procurador judicial a favor del exfuncionario
Por improcedente, la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de tutela presentada por el procurador Judicial II Penal, Henry Francisco Bustos con la que buscaba tumbar la condena emitida por la Sal Penal del Tribunal Superior de Bogotá en contra del exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Arangurén por su participación en escándalo de las 'chuzadas'.
Con ponencia del magistrado Fernando Castro Caballero, el alto tribunal determinó que el recurso radicado por el delegado del Ministerio Público no era de buen recibo puesto que sus argumentos no eran del todo ciertos. Considera que pese a lo expresado, el Tribunal sí podía estudiar el caso y emitir un fallo de fondo.
En la tutela, el procurador aseguraba que se estaba violando el debido proceso, pues Arangurén había sido absuelto en una decisión emitida en el año 2013 por un juez de conocimiento, hecho por el cual el Tribunal no podía resolver la apelación y mucho menos condenarlo a 11 años y cinco meses de prisión.
En el fallo emitido el pasado 25 de mayo, el Tribuna determinó que Arangurén le entregó información privilegiada a un grupo de agentes del DAS sobre los registros bancarios y movimientos financieros de los magistrados de las altas cortes. Estos documentos le fueron revelados a la entonces directora del organismo, María del Pilar Hurtado y al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, quienes ya fueron condenados por estos hechos.
Esta documentación fue utilizada por el organismo de seguridad para crear un plan de desacreditación y desprestigio a los togados. Debido a esto fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción, puesto que tenía conocimiento sobre la ilicitud de su comportamiento y pese a esto siguió adelante con el plan.
El DAS diseñó una estrategia para vincular a los magistrados con cuestionados empresarios y narcotraficantes, principalmente Ascencio Reyes, con el único fin de restarle credibilidad a sus decisiones. El Tribunal ordenó su captura para que el exfuncionario de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda cumpla su condena.
Pese a que en los alegatos de conclusión la Fiscalía General había solicitado absolver a Arangurén por falta de pruebas, poco tiempo después el ente investigador se retractó de la petición y presentó el recurso de apelación ante el Tribunal Superior. En el mismo se señalaba que Arangurén tenía conocimiento claro sobre la ilegalidad de su actuar.
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