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Operativos Mineria Ilegal Amazonia
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Fiscalía General

La Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de prisión (119 meses) al exgobernador del Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano por aliarse con una organización criminal dedicada a la explotación de oro en el departamento. 

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El exmandatario departamental fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación.

El alto tribunal determinó que en el 2015, el Gobernador pactó un acuerdo para integrar una organización ilegal dedicada a la extracción y comercialización ilícita de minerales, con el fin de mantener una relación comercial y convenir la explotación de yacimientos de oro en los ríos Caquetá y Putumayo.

Con su actuación, resalta la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, fue cómplice de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero en el departamento. 

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En el debate jurídico se concluyó que Díaz Burbano abandonó por completo sus funciones y compromisos con la ciudadanía, y sabiendo que la explotación de esas minas era ilegal, se alió con el jefe de una organización criminal dedicada a la minería ilegal de oro.

En el pacto, el entonces Gobernador se comprometió a brindarles protección, patrocinio, asegurar parte de sus réditos financieros, adquirir sus productos y lucrarse de su actividad ilegal.

En tres oportunidades comprobadas el mandatario departamental le compró oro al jefe de esa organización e incluso, en representación del departamento, compró maquinaria para facilitarle la explotación aurífera, generando un detrimento a las finanzas del mismo para apoyar una actividad ilegal.

Para la Corte "la actividad extractiva del oro  altamente nociva para el medio ambiente debido al tipo de maquinaria utilizada para el efecto (dragas de alta capacidad)".

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Burbano sabía que dicha empresa tenía un origen y un fin ilegal y, pese a esto, continuó realizando negocios con ella. "No fue sino la culminación de una serie de pactos a que se llegó cuando voluntariamente decidió integrarse a la organización criminal que le proveía de oro a cambio de brindarle apoyo económico, técnico y de interferencia a la labor de las autoridades encargadas del control y combate de la minería ilegal y contaminante con el medio ambiente".

El exgobernador, quien fue capturado en septiembre de 2019, deberá seguir privado de su libertad en un centro carcelario. Igualmente, tendrá una inhabilidad de por vida para ejercer un cargo de elección popular y desarrollar funciones públicas.

Fuente

Sistema Integrado Digital

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