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El exmandatario seccional pretende, con la demanda, reducir las sanciones disciplinarias en su contra.

Alejandro Lyons
Ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons
Noticias RCN

El Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, presentada por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, mediante su apoderado contra la Procuraduría General de la Nación.

Lyons demandó administrativamente al Ministerio Público, al considerar que fueron vulnerados sus derechos en los procesos que originaron sanciones disciplinarias en su contra, luego de los hechos de corrupción que ocurrieron durante su administración.

Trascendió que la demanda prende reducir las sanciones disciplinarias que se han conocido en su contra de parte de la Procuraduría General de la Nación.

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Cabe recordar que el  pasado 02 de diciembre del año 2019 Alejandro  Lyons Muskus, a través de su abogado, presentó la demanda, pero en esa ocasión  fue inadmitida por errores y falta de requisitos.

El Tribunal Administrativo decidió los términos establecidos para subsanar  el caso y, el pasado 13 de febrero, luego de la corrección, la demanda fue admitida y su auto hecho público.

En el proceso es reconocido Esteban Camilo Marín Maldonado, como abogado del exgobernador de Córdoba para este proceso.

A finales del año 2018, la Procuraduría destituyó e inhabilitó, por 15 años para ocupar cargos públicos, al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por irregularidades relacionadas con contratación durante su administración.

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Según el Ministerio Público, las irregularidades se presentaron en la adjudicación de cuatro convenios de cooperación para ciencia y tecnología, por más de 85.700 millones de pesos.

Los hechos sucedieron entre 2012 y 2015, período en el que Alajandro  Lyons se desempeñó como gobernador de Córdoba. La  Procuraduría,  en septiembre del mismo año, le impuso una sanción de diez años, por irregularidades en los pagos a terapias de menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, son alrededor de 10.000 millones de pesos los que se perdieron a través de la firma de los convenios con entidades sin ánimo de lucro que debían invertir en ciencia y tecnología.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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