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El Consejo de Estado determinó que en este caso se presentaron una suma de omisiones.

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La Sección Segunda del Consejo de Estado le ordenó al exmagistrado Javier Ortiz del Valle regresar los 180 millones de pesos que recibió bajo la figura de prima salarial en el año 2007. El alto tribunal determinó que en este caso se presentaron muchas omisiones por parte del Estado y las autoridades judiciales.  

En este sentido se señala que el entonces togado resultó beneficiado tras presentara una tutela para el pago de bonificaciones en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En la acción judicial consideraba que se a él y otros magistrados de Tribunal se les había omitido este pago por sus servicios.

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La tutela prosperó en el Tribunal Administrativo de Bolívar y se ordenó el pago de 189 millones de pesos. En 2008, el Consejo de Estados revocó la decisión judicial considerando que la acción judicial no cumplía con los requisitos para reclamar este tipo de pagos puesto que no se estaba vulnerando un derecho fundamental.

Sin embargo, pese a este fallo, los órganos del Estado encargados no realizaron ningún tipo de trámite para que este dinero fuera reintegrado a sus arcas. Solamente cuando la Dirección Administrativa pidió el cumplimiento de la decisión el exmagistrado presento un recurso judicial.

El Tribunal Administrativo de Boyacá estudió el recurso y dejó en firme el pago de la prima salarial, tumbando la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Lo curioso en este caso –según el Consejo de Estado- es que los conjueces que fallaron este caso fueron elegidos y posesionados por el mismo magistrado Javier Ortiz del Valle.

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Pese a las evidentes irregularidades, el Estado no tomó cartas en el asunto y dejó pasar el tiempo para hacer las reclamaciones que venían al caso. Ninguna de las entidades presentó un solo documento de aclaración frente a este complejo caso ni se pidió una revisión –como lo es usual- cuando se tratan de acciones en este tipo de casos.

Debido a estas fallas, el Consejo de Estado compulsó copias ante la Procuraduría, la Contraloría y al Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que se inicien las investigaciones fiscales y disciplinarias que correspondan para todos los implicados en este caso.

Fuente

RCN Radio

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