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Procuraduría General de la Nación.
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La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad por 10 años de la exsecretaria de Educación de Buenaventura, Valle, Yenny María Angulo Quintana (2013-2015), debido a su responsabilidad en una contratación irregular por $2.552’400.000. La disciplinada avaló la contratación con el Centro Docente Ana Victoria, el cual no cumplía con los requisitos para brindar educación a los 2.000 cupos ofertados.

La investigación determinó que el Centro Docente Ana Victoria no tenía la capacidad necesaria para cumplir con la oferta educativa, por lo que tuvo que subcontratar el servicio con otros establecimientos. Sin embargo, estas instituciones no estaban inscritas en el banco de oferentes y el contratista no demostró un buen desempeño académico ni administrativo, además de carecer de una infraestructura física adecuada.

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La Procuraduría concluyó que Angulo Quintana desconoció el principio de responsabilidad y el deber de selección objetiva en la contratación estatal, al no priorizar el servicio educativo de calidad para los niños, niñas y adolescentes. El fallo, que calificó la falta como gravísima a título de culpa gravísima, quedó en firme al no interponerse recursos de apelación.

Por su parte, la entidad indicó que, "Angulo Quintana desconoció el principio de responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal, dado que no actuó priorizando a los niños, niñas y adolescentes para prestar un servicio educativo de calidad”.

Asimismo, según la Procuraduría, se habría encontrado que las instituciones subcontratadas no estaban inscritas en el banco de oferentes y que el contratista no cumplía con los estándares necesarios en términos académicos y administrativos, además de carecer de una infraestructura física adecuada. Además, las metodologías de enseñanza del centro docente no arrojaron resultados satisfactorios en las pruebas saber.

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Para la entidad, Angulo Quintana infringió el principio de responsabilidad y el deber de selección objetiva en la contratación estatal, al no priorizar la calidad del servicio educativo para los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio Público calificó la falta de la exfuncionaria como gravísima a título de culpa gravísima, y el fallo de primera instancia quedó en firme al no interponerse recursos de apelación.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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