Extracción ilegal de oro y coltán financia a grupos armados en Guainía, advierte la Defensoría
Esa entidad alertó por la vulneración de derechos contra indígenas, niñas, niños y adolescentes, en esa región.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por el grave riesgo que padecen los habitantes de los municipios de Inírida (casco urbano, zona del puerto, Resguardo El Paujil y asentamientos Informales) y áreas no municipalizadas Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe, en el departamento de Guainía, por el accionar de grupos armados organizados.
La entidad explicó que dichas organizaciones adelantan la explotación ilegal de oro y coltán, además del narcotráfico, para financiar sus actividades.
La Defensoría precisó que dicha situación pone en riesgo los derechos de los habitantes de esa región del país.
Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, aseguró que “en la Defensoría del Pueblo encontramos que esa explotación ilegal y violenta ha incrementado la capacidad financiera de los grupos armados y les posibilita robustecer sus estructuras armadas a través del reclutamiento, de adquirir armas y material de intendencia y de imponer el control territorial y social”.
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El funcionario agregó que "bajo este contexto, la población civil está expuesta a graves vulneraciones de sus derechos fundamentales. Por eso le solicito a los grupos armados organizados que detengan de inmediato sus acciones contra la población civil y que acojan la propuesta del paz del Gobierno Nacional, como la oportunidad para brindarle tranquilidad a las comunidades en estos territorios”.
Cabe mencionar que en esa región hace presencia el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el frente Acacio Medina de la 'Segunda Marquetalia'.
En la alerta, la Defensoría también advirtió que las poblaciones indígenas de los pueblos Curripaco, Puinave y Yeral de las cuencas de los Ríos Inírida, Atabapo y Guainía, son las que sufren con mayor rigor las agresiones de los grupos armados a través de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados.
La entidad señaló que dentro de la población en riesgo están las personas defensoras de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales. Además se evidencia un reclutamiento de ciudadanos venezolanos y de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo emitió 33 recomendaciones para que tanto las autoridades del orden municipal, departamental y nacional, como la Fuerza Pública, tomen medidas urgentes de prevención con el propósito de atender la grave situación de orden público en esa zona del país.
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