Fallo de la JEP por falsos positivos es "una decisión importante para víctimas": Minga
La Asociación Minga representa a 21 familias víctimas de las denominadas ejecuciones extrajudiciales.
Con la imputación contra un general, entre once militares, se produce una de las decisiones más importantes por parte de la JEP en el proceso de los denominados falsos positivos, en este caso para una región comprendida entre los departamentos de Norte de Santander y el Cesar por hechos ocurridos en el año 2008.
Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga -una de las organizaciones que ha representado los intereses de 16 familias habitantes del Catatumbo y a cinco del municipio de Soacha-, destaca que la decisión en contra del general en retiro Paulino Coronado es una de las decisiones más trascendentales dentro del auto de imputación por parte de la JEP.
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“Es innegable que un general que para ese momento comandaba la brigada 30 y que, en repetidas ocasiones, en sus versiones voluntarias negó tener conocimiento de los hechos, pero que al momento que la Sala hace contrastación logra evidenciar que en efecto si tenía conocimiento y si se le puede imputar responsabilidades, sin duda es un avance, creo que el más significativo respecto de este auto”, señala la abogada Castillo al recordar que, en la justicia ordinaria, el caso del general Coronado no había avanzado.
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Sistemático y estructural
Desde que se conoció la decisión de la JEP, varios sectores especialmente de militares en retiro se han pronunciado rechazando la versión sobre la sistematicidad de los hechos.
En uno de los apartes de un comunicado, desde la Asociación Colombiana de Oficiales retirados (Acore) se rechazó “por impropia y peligrosa, la expresión de que estos casos obedecieron a un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Sin embargo, asegura la abogada Castillo, cuando en su momento se reveló lo que estaba ocurriendo el número de asesinatos disminuyó demostrando que si hubo un patrón de criminalidad.
“No podemos hablar de más de 6400 crímenes que hubiesen podido gestarse por cabos, soldados o personas de bajo rango pues no tenían la capacidad para poder haber cometido crímenes de esta magnitud”, agrega la representante legal de las víctimas.
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Como se recuerda con la decisión, un general, Paulino Coronado, para la fecha de los hechos comandante de la brigada 30 del Ejército y hasta el momento el oficial con el más alto rango que recibe una imputación, los coroneles Álvaro Tamayo, Gabriel de Jesús Rincón, Santiago Herrera y Rubén Castro, el mayor Juan Carlos Chaparro, el capitán Daladier Rivera, los sargentos Rafael Urbano y Mauricio Pérez, el cabo Néstor Guillermo Gutiérrez y el civil Alexander Carretero, también fueron incluidos en la decisión de la JEP.
RCN Radio
