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Referencia acción de tutela.
Referencia acción de tutela.
Foto referencial Inimage

El Juzgado Once Administrativo de Oralidad de Bogotá, decretó medidas cautelares al estudiar una tutela y ordenó suspender el descuento en el pago de la nómina que se le estaba realizando a un Fiscal seccional del departamento de Cundinamarca por concepto del impuesto solidario derivado de la emergencia por el COVID - 19.

La tutela fue instaurada por el Fiscal delegado ante los Jueces Penales Municipales de Cundinamarca, Yonis González Muñoz, quien solicitó la suspensión manera provisional de dicho impuesto argumentando que tiene a su cargo a su esposa y sus dos hijas y aunque devenga un salario de  10 millones 361 mil 768 pesos, sus gastos mensuales superan los 15 millones 467 mil 380 pesos.

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Esta acción judicial fue instaurada en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de ese mismo organismo de investigación alegando derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad y debido proceso.

De acuerdo con el decreto legislativo 568 de 2020, se avaló la aplicación de un impuesto solidario a los funcionarios públicos que ganen salarios o reciban pensiones superiores a los 10 millones de pesos.

El objetivo de aplicar ese descuento es que sea,  “con destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales”.

Según se estableció este impuesto solidario quedó vigente a partir del 1° de mayo hasta el próximo 31 de julio.

Sin embrago, para este caso se señala en la decisisón: " La Fiscalía General a través de la dependencia respectiva, Oficina Subdirección de Talento Humano (nomina y/o pagaduría) y a la Dirección Ejecutiva de la entidad, inaplicar el decreto legislativo 568 de 2020, que creó el impuesto solidario COVID-19, durante las vigencias de los meses de mayo, junio, julio de 2020, para el caso del señor Yonis González Guzmán(...)  y en consecuencia, abstenerse de efectuar descuento alguno imputable a dicho impuesto por los períodos en él previstos".

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En su decisión el juzgado hizo énfasis que,  "las pruebas allegadas a través de correo electrónico y de la relación de gastos aducidos en el escrito de tutela se corrobora que dichos gastos superan el salario devengado por el demandante y de aplicarle el impuesto en mención se afectaría sustancialmente su mínimo vital, pasando a un estado de vulnerabilidad mayor, junto con su familia".

Fuente

Sistema Integrado de Información

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