Familia de joven asesinado por mirar a esposa de militar pide justicia

Una difícil lucha judicial es la que ha librado la familia Vargas contra el asesino de Juan David Vargas. Se trata de una caso que involucra al sargento del Ejército Nacional, David Alexánder Valencia, quien es acusado de matar al joven de una puñalada en el corazón, después de una riña entre ambos.

Supuestamente, Juan David Vargas habría mirado de manera insinuante a la mujer del uniformado, lo cual suscitó el mortal ataque.

En el pasado, el sargento David Alexánder Valencia había sido condenado a 18 años de prisión domiciliaria por ser considerado un peligro para la sociedad. Sin embargo, la familia de Vargas había apelado esta decisión exigiendo más tiempo de condena y una cárcel para que pagara por este crimen. El último juez en el caso les dio la razón a los Vargas y aumentó la condena del sargento Valencia y ordenó enviarlo a un centro penitenciario.

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“En febrero se falló el aumento de condena del asesino y el traslado de este señor a una prisión domiciliaria. Sin embargo, este señor está recluido tranquilamente en el mismo Batallón de Artillería donde asesinó a mi hermano, gozando de beneficios de prisión militar. Esto último, está en contra de lo que se falló en el juzgado y ese es el motivo de nuestra denuncia”, afirmó Lina Vargas, hermana de la víctima. 

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El uniformado después de una riña que fue subiendo de tono con Vargas terminó encegueció por la ira. Ahí fue hasta su vehículo y sacó una navaja. En el camino de regreso, a pesar de que fue disuadido por varias personas para que se calmara, terminó clavando el arma en el corazón de joven, quien se desplomó al suelo de inmediato. 

“Como familia vivimos muy afectados porque han pasado 20 meses, el tema no se supera y creo que no vamos a superarlo nunca. Hoy seguimos clamando justicia porque acabaron con las ilusiones de Juan David que quería ser un gran abogado y destruyeron también las ilusiones de mi familia”, concluyó Lina Vargas. 

No es la primera vez que es motivo de debate los beneficios penales que eventualmente se otorgan a militares por delitos que han cometido y no están asociados a su servicio al país.