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33 años de la toma al Palacio de Justicia.
El exparamilitar Carlos Castaño afirmó que Carlos Pizarro y el cartel de Medellín acordaron la toma al Palacio.
Foto: archivo Colprensa

Los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia solicitarán formalmente remover a los fiscales que adelantan la investigación por los hechos registrados entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Los representantes de la parte civil consideran que se debe abrir una investigación por la supuesta tesis que enviaría la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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En este sentido, consideran que la nueva tesis que indica que "no hubo desaparecidos" en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia sino un error en el manejo de los cuerpos va en contravía de la investigación que se ha adelantado y que ha permitido condenar a varios oficiales del Ejército. 

En un documento de seis, los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la Cafetería, sostienen que las conclusiones a las que habría llegado la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal desconocen todos los hallazgos probatorios.

"Resulta paradódijo y contrario a las pruebas recaudadas, que la Fiscalía General de la Nación desvirtué los testimonios, videos y pruebas documentales, incuso de Medicina Legal a lo largo de los años que demuestran que las personas de la cafetería del Palacio de Justicia, como magistrados, acompañados de la Fuerza Pública, salieron con vida y nunca más se volvió a saber de ellas", precisan.

En este sentido consideran que "es absoluamente inadmisible" que tres décadas después de estos hechos delegados del ente investigador y Medicina Legal "manifiesten de manera burlesca, irresponsable y de manera denigrante, que tan solo se trató de un error de identificación y que por tanto no hubo desaparecidos".

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Los familiares de Carlos Augusto, cuyo caso motivó una demanda internacional en contra del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citan todas las sentencias que se han emitido en el país en contra de altos mandos militares y que tienen un factor en común: sí existieron desaparecidos.

Incluso, en el mismo estudio de la demanda ante el organismo internacional los representantes del Estado en ese momento reconocieron la existencia de desaparecidos tras la operación de recuperación, haciendo énfasis en el hecho que varias personas salieron con vida, fueros trasladadas por integrantes de la Fuerza Pública a la Casa Museo del Florero donde fueron torturados tras ser acusados de participar en la toma y luego desaparecidos.

"Ante La CorteIDH el Estado admitió la existencia de pruebas fehacientes e irrefutables de la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Las manifestaciones públicas realizadas, denotan la existencia de una esquizofrenía institucional, pues contradicctoriamente ante los órganos internacionales hacen reconocimientos, que hoy relativizan", señalan.

Finalmente consideran que las declaraciones entregadas por los fiscales del caso y la directora de Medicina Legal demuestran un desconocimiento de la investigación, hecho por el cual le solicitaron a la Procuraduría General y el Consejo Superior de la Judicatura tomar acciones disciplinarias de fondo.

Fuente

RCN Radio

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