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La diligencia se suspendió y quedó programada para el 15 de octubre.

Gustavo Trejos, papa de Diego Felipe Becerra asesinado el 19 de agosto de 2011 en Bogotá
Gustavo Trejos, papa de Diego Felipe Becerra asesinado el 19 de agosto de 2011 en Bogotá
Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo (RCN Radio)

Nuevamente se aplazó el inicio del juicio por la manipulación de la escena del crimen, donde murió el joven Diego Felipe Becerra, el 19 de agosto de 2011.

Tres defensores de oficio fueron asignados a última hora para que representaran a varios de los procesados, sin embargo alegaron no tener conocimiento pleno del caso, por lo que la juez 19 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá suspendió la audiencia y la reprogramó para el 15 de octubre.

El aplazamiento generó malestar entre los familiares de la víctima, que consideraron como una burla el nuevo retraso en la búsqueda de la justicia.

“Nos parece una burla a los estamentos de justicia y a nosotros como víctimas; nosotros llevamos esperamos ocho años este juicio”, dijo Gustavo Trejos padre del grafitero. 

Agregó que “duramos seis años en una audiencia preparatoria en la que hubo muchas dilaciones injustificadas; desgraciadamente el Consejo Seccional de la Judicatura ha sido laxo en las sanciones que debe imponer y ninguno de los abogados, ha sido sancionado”.

Sostuvo que le preocupa la situación que ahora se registra con la Defensoría del Pueblo

“El problema trasciende porque la Defensoría no tiene abogados o no los mantiene en los procesos, por lo que el sistema de justicia no funciona correctamente”.

Trejos insistió en que con la suspensión de la audiencia, se retrasa aún más cualquier decisión, tras el crimen de su hijo ocurrido en la calle 116 con avenida Boyacá, en la zona norte de la capital de la República.

“Es una burla contra las víctimas y la justicia; tenemos el material probatorio suficiente para lograr la condena de los altos mandos de la Policía Metropolitana, que hicieron este falso positivo y pues desgraciadamente, no hemos logrado que se haga el juicio”, dijo Trejos.

Así ocurrió la muerte del grafitero

El 19 de agosto de 2011, Diego Felipe Becerra Lizarazo de 17 años de edad se encontraba con dos amigos pintando grafitis por la Avenida Suba en el noroccidente de Bogotá. A la altura de la calle 116, fueron interceptados por el patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, Wilmer Antonio Alarcón quien los retuvo para una “requisa de rutina”.

Tras revisar sus mochilas, el patrullero le dijo algo a Diego Felipe que hizo que saliera corriendo. Tras una persecución, el uniformado desenfundó y accionó sin justificación alguna su arma de dotación contra el menor de edad quien quedó tendido en el piso con una herida mortal en la espalda.  

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Después de eso todo fue confusión. Un conductor que pasaba por el sector trasladó hasta la Clínica Shaio a Diego Felipe, mientras que en el lugar donde se había presentado el hecho se fue llenando de policías y particulares. El joven murió por la gravedad de la herida causada por el patrullero.

En ese momento empezó una doble tragedia para los familiares del ‘grafitero’. Primero el duelo por la muerte del joven y segundo por la acusación que hicieron públicamente las autoridades sobre su participación en un robo a los pasajeros de un bus de servicio público que transitaba por la escena.

En este caso, los padres del menor y sus abogados iniciaron una carrera contrarreloj para demostrar su inocencia. Sabían que pese al dicho de los policías Diego Felipe no portaba un arma de fuego y jamás habría utilizado este tipo de elementos para amenazar a otro ser humano.

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El joven solamente portaba pinturas y aerosoles en su maletín. Las pruebas forenses concluyeron que nunca había portado un arma de fuego, situación que tumbaba de un solo tajo las acusaciones que estaban haciendo en diferentes medios de comunicación oficiales de la Policía Nacional.

Ahora se tenía que demostrar quién había “plantado” un arma de fuego y qué se buscaba con esto. La abogada Myriam Pachón, quien asumió la defensa de los familiares de Diego Felipe desde el principio, aseguró que todas las pruebas evidenciaban desde el principio que se intentó alterar la escena del crimen con el único propósito de desviar la investigación y hacer pasar al joven como un delincuente juvenil.

Para la jurista, desde la Policía Nacional se buscó evadir la responsabilidad del patrullero Alarcón en el crimen y para esto se puso en marcha un plan para ocultar las pruebas y evidencias que demostrarían que se atacó por la espalda y a muy corta distancia a Diego Felipe sin ningún tipo de justificación.

El patrullero Alarcón

En octubre de 2011 la Fiscalía General, en cabeza de Viviane Morales, envió investigación por el crimen de Diego Felipe Becerra pasó a la Justicia Penal Militar señaló que se trataron de hechos del servicio que debían ser analizados y estudiados por el juez natural de los integrantes de la Institución.

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Sin embargo, tras resolver un conflicto de competencias, en noviembre de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura ordenó que el proceso pasara a la justicia ordinaria al considerar que estaba muy lejos de ser un “acto de servicio” ya que se atentó contra la vida de un menor de edad en hechos aislados.

La abogada Pachón recuerda que este fue el principio de una serie de amenazas y hostigamientos en contra de los familiares del joven y quienes habían asumido la defensa del caso. “Enfrentarse a la Policía Nacional ha sido bastante fuerte por las constantes persecuciones”.

El patrullero Wilmer Antonio Alarcón fue procesado por el delito de homicidio agravado. Después de cinco años se logró una sentencia de 37 años y seis meses de prisión. Sin embargo, el día anterior a la lectura de este fallo un juez de control de garantías ordenó la libertad del uniformado por un vencimiento de términos en el proceso que se adelantaba por la manipulación de la escena del crimen.

“Se logró una condena, pero dejaron libre al homicida”, aseguró Gustavo Trejos, padre de Diego Felipe, al considerar que la impunidad se ha ensañado con este caso puesto que siempre se buscó beneficiar al patrullero Alarcón. Después de tres años el uniformado sigue siendo prófugo de la justicia y lo peor es que parece que nadie lo está buscando.

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Recuerda que el recurso de apelación sigue en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sin que se haya tomado una decisión de fondo. Considera que han utilizado un tecnicismo jurídico frente a la falta de una segunda instancia para seguir con el operativo para capturar al patrullero.

La abogada Pachón considera que esto representa un duro golpe al proceso puesto que era evidente que se quería proteger a Alarcón y se buscó la manera de ayudarlo a fugarse y así evadir la justicia condenatoria.

Manipulación de la escena del crimen

Nelson Rodríguez, Fredy Navarrete y Nelson Giovanny Tovar, uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, ya firmaron un principio de oportunidad en el que se comprometieron a contar toda la verdad sobre los hechos que rodearon la adquisición de un arma de fuego en el “mercado negro” y la ubicación intencionada de la misa en el lugar donde el patrullero Alarcón le disparó a Diego Felipe.

En sus primeras colaboraciones entregaron los nombres de varios oficiales que entregaron la orden directa de alterar la escena del crimen. Reseñaron que el arma adquirida tenía fallas en su manejo, hecho por el cual se debían utilizar elementos externos para poder lograr accionarla.

Los mismos testigos han sido víctimas de amenazas y atentados en contra de su integridad personal para que dejen de colaborar ante las autoridades. Debido a esto se ha ordenado proteger la vida de los tres uniformados.

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“Los testigos dicen quién llevó el arma (…) El mismo compañero de Alarcón dice que nunca vio un arma en el lugar”, precisó la abogada Myriam Pachón. Considera que con este actuar “intentaron engañar a varios funcionarios públicos y a la opinión pública”. EN su decir todo esto fue avalado por oficiales de la misma Policía.

Después de 60 meses el juzgado de conocimiento finalizó las audiencias preparatorias de juicio. Sin embargo, la falta de reconocimiento de “testigos clave” llevaron a la representante de víctimas a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá para que se avale la declaración en juicio de dos agentes de contrainteligencia que estuvieron en la escena del crimen y del mismo patrullero que llevó la pistola hasta el lugar.

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Consideran que estos testimonios son fundamentales a la hora de demostrar el plan que se ejecutó esa noche para “plantar” el arma y así desviar toda la investigación judicial.

Pese a las constantes amenazas, seguimientos y hostigamientos, los familiares de Diego Felipe y la defensa consideran que no descansarán hasta lograr justicia en este caso y llevar ante los jueces a todos aquellos que intentaron afectar el buen nombre del joven de 17 años.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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