Farc niega ser dueña de supermercados allanados por la Fiscalía

El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) negó tener algún tipo de relación con los supermercados allanados en los últimos días por la Fiscalía General. Consideran que la información dada por el ente investigador es falsa y solamente quiere entorpecer la puesta en marcha del acuerdo de paz.

Considera que con las declaraciones dadas en diferentes medios de comunicación, la Fiscalía General tiene como objetivo desprestigiar la imagen de dicho movimiento político, lo que a su juicio representa una clara violación de las garantías procesales.

En un comunicado del Consejo Político Nacional de la Farc dirigido al fiscal General, Néstor Humberto Martínez se señala que “de manera irresponsable la entidad a su cargo ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades, como supuestos testaferros de las FARC-EP, provocando además saqueos y disturbios en varios municipios”.

Añaden que el jefe del ente acusador “le ha informado a la opinión pública a través de una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las Farc-EP al Gobierno Nacional el 15 de agosto de 2017, en atención estricta a los términos establecidos en el Decreto-Ley 903 del mismo año”.

Agregan el comunicado que “con dicha falsa noticia, el Fiscal General reafirma su ya reconocida trayectoria de entorpecimiento a la implementación del Acuerdo Final, tal y como se manifestó en su oposición a la creación y puesta en marcha de la Unidad de Investigación Especial de los crímenes del paramilitarismo, y en su trabajo sistemático de alteración del sentido y los contenidos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz durante su trámite en el Congreso de la República ”.

La Farc subraya que “mal hace el señor Fiscal General el salir a condenar sin fórmula de juicio y violando las más elementales garantías procesales a los presuntos involucrados, con la clara intención de enlodar de paso la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las Farc-EP tendrán que demostrarse”.

Además recuerdan que existe una regulación constitucional expresa sobre los bienes que hicieron parte de la “economía de guerra” de las FARC, según la cual “corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario”.

Acotan que lo que se les  impute “tendrá que demostrarse en los estrados judiciales. Que se ponga en conocimiento de la JEP. Lo demás es espectáculo mediático”.

Finalmente, el Consejo Político Nacional de la FARC afirma que los colombianos y la comunidad internacional son testigos de su ‘irrestricto cumplimiento de lo acordado’ y culpan al Estado colombiano de faltar reiteradamente a sus compromisos, “tanto por la alteración del contenido de los acuerdos, como por su falta de voluntad en la implementación de los mismos”.