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La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), priorizó como el caso No. 002 las decenas de crímenes y otra serie de delitos cometidos presuntamente por la guerrilla de las Farc y los integrantes de la Fuerza Pública en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño entre 1990 y 2016.

La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Julieta Lemaitre advirtió que a diferencia del primer caso, en el cual se priorizaron los secuestros atribuibles a dicho grupo guerrillero, este segundo episodio se da en el marco de un enfoque territorial y étnico consagrado en el Acuerdo Final.

Igualmente anunció que tras dar inicio a la etapa de contribución de la verdad de este proceso, la JEP definirá próximamente los nombre de los miembros de la Fuerza Pública y de las Farc  que serán llamados a rendir versiones voluntarias ante ese tribunal especial.

La JEP señaló que logró documentar todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que fueron cometidos en esa zona del país por más de una década.

La magistrada Lemaitre indicó que en este territorio afectado por una crisis humanitaria, se detectaron toda una serie de “masacres, asesinatos, reclutamientos forzados, casos de violencia sexual, heridas o muertes por minas antipersonal”.

De igual forma, sostuvo ese tribunal especial que se tiene información relevante sobre casos de desplazamientos y confinamientos, retenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales o los denominados "falsos positivos".

También se indagarán las graves afectaciones a los territorios colectivos de estos municipios por la contaminación de ríos tras los atentados a oleoductos.

A su turno, la magistrada Belkis Izquierdo Torres, advirtió que estos graves hechos recaen principalmente sobre los pueblos indígenas Awá e integrantes de Consejos Comunitarios (Río Chagüi y Alto Mira y Frontera), a favor de las cuales el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya ha proferido medidas cautelares.

“Está situación recae también sobre la población gravemente afectada por el conflicto armado como es el caso de estudiantes, profesores, líderes sociales, jueces, alcaldes, comerciantes, entre otros”, agregó la magistrada Torres.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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