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El jefe del Ministerio Público reconoció que los asesoró en temas comerciales.

Fernando Carrillo
El anunció lo hizo el funcionario para garantizar la transparencia en el proceso.
Foto: Colprensa

Por medio de un comunicado de prensa, Fernando Carrillo Flórez admitió que sí tuvo contratos con el Grupo Aval mucho antes de ser elegido Procurador General de al Nación por el Senado de la República.

El jefe del Ministerio Público aseguró que fue contratado para realizar una asesoría con una empresa del Grupo Aval para temas netamente comerciales para la construcción de un centro comercial.

"En el año 2016 desarrollé, entre otras actividades de consultoría, un contrato laboral de asesoría con la firma Adminegocios & Cía. S.C.A., para la promoción y comercialización nacional e internacional del Edén Centro Comercial, perteneciente a la OLCSA", precisó Carriillo Flórez. 

En el documento indica que la celebración de este contrato no representa ningún conflicto de intereses frente a las investigaciones disciplinarias que adelanta actualmente por el escándalo de sobornos por parte de la multinacional brasileña Odebrecht, caso en el que también se encuentra involucrado dicho grupo económico.

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Igualmente, indica que tampoco está impedido para continuar el desarrollo de esta investigaciones de tipo disciplinario. Para el Procurador General la existencia de este contrato no lo vincula con el escándalo de corrupción que se presentó en la celebración y ejecución del contrato de obra de  la Ruta del Sol II.

"Ninguna de las obligaciones derivadas del objeto del contrato tuvo relación directa o indirecta con las funciones jurídicas, de control o de intervención judicial que la Constitución y la ley le atribuyen al Procurador", precisa uno de los apartes del comunicado de seis puntos. 

Reseñó además que no emitió concepto referente a los hechos que actualmente son materia de investigación. "El desarrollo de este contrato no genera ningún impedimento para ejercer mi función como Procurador General de la Nación". 

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En referencia al contrato de asesoría resalta que no tuvo nada que ver con las empresas vinculadas con la Concesión Ruta del Sol 2, "y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados. No contemplaba ningún tipo de conceptos o asesorías de carácter legal".

En el documento cita las acciones que ha emprendido la Procuraduría General en los últimos meses para adelantar las investigaciones contra los funcionarios implicados en este caso de corrupción. 

En los últimos días se propuso que el procurador General, Fernando Carrillo fuera designado como Fiscal Ad hoc con el fin de asumir las investigaciones penales.

Esto después que estallara el escándalo de las conversaciones que tuvo Néstor Humberto Martínez en 2015 con el entonces controller (auditor) de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano quien le advirtió sobre las irregularidades que se estaban presentando en el contrato. 

Martínez Neira, quien para ese momento era abogado de Corficolombiana -empresa relacionada con Odebrecht- no habría tomado las acciones para que las autoridades de control adelantaran las respectivas investigaciones. 

Este es el comunicado  

En mi condición de Procurador General suscribí directamente la Acción Popular dirigida contra la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S y todas las sociedades que la conforman, sin exclusión alguna.  A partir de la demanda, como actor popular o demandante pedí las medidas cautelares que llevaron al embargo de las cuentas de todos los socios y se logró que el corredor vial volviera a manos del Estado, como en efecto ocurrió en agosto del año pasado 

- Tribunal de Arbitramento   

En la controversia que se sigue en el Tribunal de Arbitramento, he liderado todas las acciones para intervenir como Ministerio Público y solicitar la nulidad absoluta del contrato por objeto y causa ilícita, sin allanarse o aceptar las reclamaciones económicas que han presentado la concesionaria y las sociedades que la componen.

- Concepto de inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018.

Hace algunos días emití concepto ante la Corte Constitucional pidiendo la inexequibilidad de la norma que establece beneficios retroactivos a las concesionarias. Ante la importancia del tema solicité al  alto tribunal proferir el fallo con celeridad.

Por todo lo anterior es evidente que en este caso no existe un conflicto de intereses por cuanto no ha habido una actuación tendiente a favorecer de manera directa o indirecta los intereses de un tercero por razones personales, económicas o políticas.

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Fuente

RCN Radio

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