Fiscal Barbosa continuará al tanto del caso Uribe por presunta manipulación de testigos
La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que presentó el senador Iván Cepeda.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que presentó el senador Iván Cepeda contra el fiscal general, Francisco Barbosa, con la que buscaba que se declarara impedido en el marco de las investigaciones que asumió esa entidad contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos
El efecto de la decisión de la Corte es que el fiscal seguirá conociendo y estando al tanto de los avances en esa investigación, que le correspondió adelantar al fiscal jefe de la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes.
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Fuentes de la Corte explicaron que la Sala Plena no se pronunció sobre el anuncio el fiscal Jaimes de no declararse impedido para liderar esa investigación.
Sobre el caso de Barbosa, la Corte concluyó que no existía ningún conflicto de interés por su parte para que tuviera que apartarse de la investigación penal.
En un escrito que el Fiscal entregó a la Corche rechazando esa recusación en su contra, advertía que no existían ningún vinculo ni personal, ni familiar con las personas investigadas en el proceso de presunta manipulación de testigos.
“Los argumentos y situaciones que expuso el abogado de Iván Cepeda no pasan de ser conjeturas y descalificaciones personales sin ningún fundamento jurídico, que se soportan en un punto de partida irrazonable”, señalo uno de los apartes de la respuesta a la recusación que entregó el Fiscal a la Corte
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En ese sentido juristas han señalado que el simple hecho de oposiciones políticas entre los investigados no da pie para que se configuren impedimentos de los fiscales, jueces o magistrados en el caso.
Es así como los expertos han señalado que el magistrado Cesar Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tampoco estaría impedido para adelantar las investigaciones como en su momento cuestionaron los miembros del partido de Gobierno, por un contrato laboral que el magistrado había firmado con el gobierno Santos antes de llegar a la Corte.
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