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El jefe del ente investigador indicó que se podrían abrir investigaciones de tipo penal y fiscal.

hacinamiento en cárceles
Foto de Colprensa para referencia

El fiscal General, Francisco Barbosa cuestionó seriamente las respuestas que entregó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre el hecho que los bienes que está administrando no cuentan con las condiciones para que un grupo de internos sean trasladados o atendidos en el marco de la Emergencia Económica que declaró el Gobierno por la crisis el coronavirus.

El jefe del ente investigador aclaró que es inconcebible que se haya señalado que muchos de esos bienes, incautados a organizaciones dedicadas al narcotráfico y actividades ilícitas, sean inservibles. Debido a esto considera que demostrarse esto se podrían abrir investigaciones penales y de tipo fiscal por el mal manejo de los mismos.

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"No están administrando miseria”, reseñó el Fiscal General al considerar que no se entiende cómo se estén administrando bienes supuestamente destruidos o inservibles. “La directora de la SAE tendría que ser citada y explicar exactamente porque no tiene ningún bien disponible para este tipo de menesteres”.

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Barbosa aclaró que estos son bienes del Estado y “no puede ser admisible el argumento que ni siquiera son servibles para ningún propósito”, por lo que de comprobarse se estaría presentando un caso de omisión frente a la manutención de los bienes.   

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Reseñó además que en la declaratoria de la Emergencia Social se fijó un fondo de 14 billones de pesos para mitigación de riesgos y “amerita que los mismos vayan para la salud de los prisioneros o personas privadas de la libertad en el marco de una adecuación temporal sobre ese asunto”.

 

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En las últimas horas se conoció que los bienes del exalcalde de Yopal, John Jairo Torres, más conocido con el sobrenombre de ‘John Calzones’ -condenado por corrupción- pasaron a la SAE para su respectiva administración.

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Entre los bienes se encuentran un hotel y una planta de tratamiento de agua potable, los cuales podrían ser utilizados para la adecuación de centros médicos y hospitalarios en la capital de Casanare.

Igualmente, el jefe del ente acusador cuestionó seriamente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por la falta de ejecución del presupuesto y las nulas respuestas para dar una solución a la crisis que se presenta en las cárceles.

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