Fiscalía acusa a cinco exfuncionarios de la Gobernación de Huila de corrupción

Ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva, un fiscal seccional del Huila, presentó a cinco personas que mantuvieron vigente una relación laboral con la Gobernación de este departamento entre los años 2007 y 2008 y quienes al parecer incurrieron en actos de corrupción.

Se trata de Deicy Martina Cabrera Ochoa, secretaria de Vías e Infraestructura, Carlos Enrique Polanía Fierro, director del Departamento Administrativo Jurídico, Gustavo Mosquera Charry, contratista y representante legal de Colmucoop, Rafael Valderrama Cervera, interventor del contrato suscrito y Óscar Eduardo Bermeo Peña, secretario de Vías e Infraestructura.

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Según la Fiscalía estas personas fueron imputadas por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Los hechos que hasta ahora siguen siendo materia de investigación ocurrieron en Neiva entre enero de 2007 y el 18 de julio de 2008, tras la suscripción de un contrato con la cooperativa Colmucoop.

El objeto fue el suministro de 125 mil bultos de cemento gris de 50 kilogramos para vías urbanas del Huila, y su monto inicial superó los 2.500 millones de pesos, y fue adicionado en más de 592 millones de pesos. El tiempo de ejecución se dispuso en 7 meses contados desde la suscripción del acta de inicio.

De acuerdo con el ente investigador, en este caso no existió planeación, pues no se advirtió la necesidad de cada municipio en relación con la pavimentación de sus vías urbanas, tampoco se puntualizó la cantidad requerida por cada uno. Esto, se precisa, conllevó a que varios municipios tuvieran que suscribir convenios adicionales por falta de cemento, mientras que a otros les sobró esta materia prima.

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A estas presuntas irregularidades se suman las que afectaron el principio de responsabilidad pues el citado contrato fue liquidado el 18 de julio de 2008, sin que se hubiera cancelado el impuesto de timbre tal como lo dispone la legislación correspondiente, y el cual equivalía para entonces a cerca de 4 millones de pesos.