Fiscalía enviará pruebas contra extranjeros vinculados a explotación sexual de menores
Los registros judiciales advierten que estas redes venían sometiendo a toda clase de vejámenes a más de 250 víctimas.
Los investigadores de la Fiscalía tienen listo todo el paquete de pruebas que servirá para acreditar ante las autoridades de Estados Unidos, Alemania y Argentina de la necesidad de extraditar hacia Colombia a los cuatros turistas extranjeros sindicados de acceder a los servicios delincuenciales de las redes de explotación sexual de menores e inducción a la prostitución, que fueron desmanteladas en Cartagena.
Según los fiscales a cargos del caso, existen toda una serie de evidencias que demostrarían la presunta responsabilidad de este grupo de extranjeros con el pago para tener sexo con menores de edad en la ciudad 'heroica'.
Los elementos de pruebas recolectados por los investigadores permitieron establecer los sitios de alta afluencia de turistas en el centro histórico de Cartagena, como la Torre del Reloj y la Plaza de los Coches, que eran ocupados por jóvenes entre 14 y 17 años de edad, reclutadas por redes de proxenetas que les definieron rutinas y horarios y las obligaron a ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero.
De acuerdo con el expediente, este fenómeno criminal copó algunos de los lugares más emblemáticos de Cartagena y se extendió a varios barrios habitados, principalmente por familias desplazadas e inmigrantes.
Los investigadores de la Fiscalía también indagan la presunta responsabilidad de funcionarios públicos señalados de auspiciar estas actividades criminales, que atentan contra los derechos de los menores de edad.
Los registros judiciales de las autoridades advierten que estas organizaciones venían sometiendo a toda clase de vejámenes a más de 250 víctimas, entre niñas y adolescentes.
Con base en los mecanismos de cooperación judicial, la Fiscalía confía en que este pedido de extradición se pueda hacer efectivo en el menor tiempo posible, con el fin de que los extranjeros investigados por este escándalo comparezcan ante la justicia colombiana, donde podrían exponerse a una pena superior a los 37 años de cárcel.
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