Fiscalía imputará seis delitos a exuniformados que integraban red de 'chuzadas'
Serán procesados por la presunta interceptación de comunicaciones de políticos, empresarios y periodistas.
Este domingo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Cali se realizará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los militares en retiro Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga Cubillos, al igual que de la exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información, María Alicia Pinzón Montenegro.
Estas personas, según la Fiscalía General harían parte de una sofisticada red que se dedicada a realizar interceptaciones ilegales de comunicación a dirigentes políticos del Valle del Cauca, empresarios y periodistas. Por cada acción cobraban una suma cercana a los tres millones de pesos.
Deberán responder por los delitos concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado. De ser hallados culpables podrían pagar una condena cercana a los 12 años de prisión.
En la noche del pasado sábado, un juez de control de garantías legalizó los allanamientos que se realizaron en tres empresas de seguridad ubicadas en Cali y Bogotá, donde fueron hallados equipos tecnológicos para adelantar las interceptaciones.
En Bogotá fueron allanadas las instalaciones de la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del excomandante de la Policía Metropolitana, general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño con la intención de corroborar su presunta relación con estos hechos.
Según un comunicado de la Fiscalía, en la ciudad de Cali había una fachada utilizada por los presuntos miembros de esa "empresa criminal", mientras que el centro de operaciones de la red estaba ubicado en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño.
De la misma forma, esa entidad reveló que cuenta con información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales.
“El portafolio ilegal de servicios era ofrecido a entidades del Estado y particulares, en el documento publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos por cada actividad ilícita”.
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