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ONEIDA PINTO
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez.
Colprensa

La Fiscalía General negó su responsabilidad del vencimiento de términos que llevó a la libertad de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, investigada por su presunta responsabilidad en actos de corrupción mediante la entrega de contratos de la salud.  

El ente investigador señaló que los últimos seis meses del proceso fueron dedicados a hacer efectivo el cambio de la radicación del expediente judicial que se seguía en Maicao (La Guajira) para que fuese trasladado a Bogotá, tras advertir que no existían garantías para seguir con la investigación. 

El juzgado 23 de garantías de Bogotá aseguró que la exgobernadora llevaba 371 días privada de la libertad, sin que a la fecha el ente acusador presentara todas las pruebas a la defensa para poder dar inicio al juicio contra Pinto. 

“Fiscalía no es responsable por vencimiento de términos en caso de Oneida Pinto. Desde el escrito de acusación 31 mayo 2017 existía un plazo de 240 días para iniciar el juicio. De estos, seis meses se consumieron en cambio de radicación porque proceso en Maicao no ofrecía garantías”, dijo la Fiscalía a través de su cuenta en Twiter. 

Los fiscales aseguraron que el caso no quedará en la impunidad y que el 5 de julio se dará inicio a la audiencia preparatoria del juicio contra la exgobernadora de La Guajira. 

“El proceso contra Oneida Pinto continuará con exgobernadora en libertad. El 5 de julio iniciará audiencia preparatoria y luego juicio, en el que Fiscalía espera condena por presunta apropiación de recursos de Albania, Guajira, para prevenir mortalidad infantil. Habrá justicia”, indicó la Fiscalía. 

Cabe mencionar que a la exgobernadora es procesada por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en celebración de contratos. 

La investigación contra Oneida Pinto se relaciona con las irregularidades detectadas en dos contratos por 18 mil 600 millones de pesos, los cuales buscaban reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania en 2007 cuando fungió como alcaldesa. 

En su momento, los investigadores establecieron que los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania. 
 

La Fiscalía estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con cerca de 1.600 personas y a cada uno de ellos se les pagó alrededor de un millón 200 mil pesos para que dictaran charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantarán jornadas de vacunación. 

Según trascendió, entre los subcontratistas se encontraron personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros. 

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