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La audiencia continuará el próximo 20 de febrero, una vez se confirme por parte del despacho si accede a la solicitud.

Odebrecht
Fiscalía presenta principio de oportunidad con ex directivos brasileros de Odebrecht
AFP

Ante un juez de Bogotá, la Fiscalía busca que se le apruebe un principio de oportunidad entre los exdirectivos de Odebrecht en Brasil y el ente investigador por el escándalo de sobornos en Colombia a cambio de contratos de infraestructura.

Según la petición de la Fiscalía, se busca poder adelantar un proceso de negociación con los brasileros Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri, y Luiz  Eduardo Da Rocha Soares, y Eleuberto Martorelli, a quienes se les ofrecen beneficios jurídicos por información que permita adelantar investigaciones contra otras personas investigadas en el escándalo.

Sin embargo, el ente acusador espera respuesta del juez que adelanta el proceso para continuar con la audiencia, una vez se defina si la Contraloría General de la República puede ser víctima en el proceso penal, tras solicitarse por los abogados de esa entidad que se reconozca la afectación que trajo para la entidad el escándalo de los sobornos en el país.

La audiencia continuará el próximo 20 de febrero, una vez se confirme por parte del despacho si accede a la solicitud de la Contraloría General, o continúa el proceso sin reconocer la entidad como parte interviniente en el caso.

Sin embargo, hay que recordar que el pasado mes de diciembre de 2017, la juez 41 con funciones de control de garantías de Bogotá, negó el principio de oportunidad a los tres exdirectivos brasileros de Odebrecht, quiénes denunciaron el pago de sobornos en Colombia a cambio de contratos de infraestructura, y en la misma determinación negó el recurso de reposición.

En desarrollo de la audiencia la juez indicó “el beneficio judicial contemplaba detener la acción penal por el delito de cohecho por dar u ofrecer, y  entregaba una inmunidad total, para Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soarez, y Luiz Antonio Bueno Junior, quienes se comprometen a colaborar con la justicia colombiana a cambio de información que le permita a la Fiscalía avanzar en las investigaciones, pero sin garantías para el proceso penal”

De igual manera, la juez añadió que no existe relevancia de brindar inmunidad total a los tres sindicatos sobre el delito de cohecho por dar u ofrecer, cuando no se cumplen los preceptos jurídicos para otorgar el mencionado beneficio, debido a que no se establece una reparación efectiva a las víctimas del proceso, la colaboración ofrecida no es vinculante a todas las investigaciones, y la Fiscalía no estima una sanción punible contra los investigados por estos hechos".

Al respecto, la juez tuvo en cuenta tres aspectos fundamentales sobre los cuales basó su explicación, inicialmente señaló que "Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soarez, y Luiz Antonio Bueno Junior, reconocieron haber entregado 6,5 millones de dólares en sobornos al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, los implicados no pueden ser testigos de la Fiscalía en dicho proceso penal en razón a que el exviceministro se declaró culpable y ya fue condenado, caso contrario ocurre en el caso del ex presidente de CorfiColombiana José Elías Melo, en cuyo proceso podrán testificar en juicio". 

De igual manera,  afirma que "aunque los exdirectivos brasileros de Odebrecht devolvieron los 6,5 millones de dólares, y restablecieron en cerca de 250 mil dólares más a la empresa involucrada en el pago del soborno, dicha suma de dinero no hace parte de la reparación integral a las víctimas en el proceso penal, así como es preciso señalar que la Contraloría General no es víctima en el proceso por no estar comprometidos dineros del Estado en el mismo"

Finalmente la juez argumentó que "pese a señalarse el delito de cohecho con inmunidad total para los procesados, el beneficio no puede ser aprobado en razón a otras conductas delictivas que de Luiz Antonio Mameri, Luiz Eduardo Da Rocha Soárez, y Luiz Antonio Bueno Junior, habrían cometido en Colombia".

Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, y la representación de víctimas, determinaron retirar el recurso de apelación que había sido interpuesto durante la diligencia del pasado 4 de diciembre.

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